Piden que investigue la Justicia Federal

El convenio entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal) podría ser investigado por la Justicia Federal. Los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR) solicitarán la intervención del fiscal federal general, Gustavo Gómez.
Su competencia se justifica, según afirman, en que dos de los funcionarios denunciados cumplen funciones en la Nación: el ministro de Salud, Juan Manzur, y el coordinador de la unidad ministro de esa cartera, Raúl Penna. Este último figura en la guía telefónica como titular de la línea correspondiente al departamento en el que la fundación fijó su sede social. En un descargo a LA GACETA, Penna dijo que sólo cedió su DNI para que el titular de Funsal (el chileno Héctor Silva Olivares) contara con un teléfono fijo de contacto.
"La investidura federal de los funcionarios nacionales rige dado que la conducta que se les atribuye está vinculada con su desempeño; y el hecho doloso imputado se habría cometido en el momento o situación en que se encuentran desempeñándose en sus cargos y/o actuando por su causa, sin que los delitos imputados puedan escindirse de la función que desempeñan", advierten los opositores en su denuncia.
En el escrito, que ya había sido presentado el 19 de febrero en los tribunales provinciales, solicitan que se investigue la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicos; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario; y asociación ilícita.

"Muchas mentiras"
El presidente subrogante de la Cámara Regino Amado, insistió ayer en que la Provincia no llegó a pagar los $ 800.000 a la Fundación Salud, durante la inauguración de una escuela en Concepción. "Se dicen muchas mentiras; el Tribunal de Cuentas no autorizó el pago y no se lo efectuó. Se está tratando de determinar cuál fue el error administrativo y quiénes son responsables", aseveró.