Tucumán fue uno de los focos del país de mayor actividad represiva contra la actividad de las organizaciones insurgentes en la década del 70. Sin embargo, sólo aporta el 2,2% del total de procesamientos por acusaciones de crímenes de lesa humanidad en juicios penales que se sustancian en la órbita de la Justicia Federal nacional, con 14 militares y policías retirados formalmente comprometidos con los hechos denunciados en el listado general de 625 procesados.
El relevamiento abarcó los casos abiertos en 16 jurisdicciones judiciales, y fue elaborado por la "Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal".
En el documento se detalla que 279 imputados enfrentan, por lo menos, una causa en estado de juicio oral, mientras que otros 161 estarían prontos a llegar a esa instancia por tener cumplidos los trámites de elevación de los expedientes (96 enfrentarán por primera vez un Tribunal Oral).
A partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían investigar y sancionar penalmente en estas causas, se dictaron condenas a 53 acusados, entre los que figuran Antonio Bussi y Luciano Menéndez (en la causa por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse).
"La cantidad de procesados es un indicador del avance y el volumen del proceso general de juzgamiento, al tiempo que representa un parámetro de la dimensión de los juicios orales venideros. Da cuenta de la consolidación de un proceso que, aún con sus dificultades, tiende hacia el incremento del número de procesamientos en muchas jurisdicciones del país", se indica en el informe oficial. Como referencia, se señaló que en diciembre de 2007 había 349 procesados en los tribunales argentinos por delitos de lesa humanidad.