28 Octubre 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el juicio político contra la jueza penal porteña Rosa Elsa Parrilli, que el 15 de septiembre pasado protagonizó un episodio en el que insultó y discriminó a dos empleadas de tránsito por el acarreo de su vehículo.
Por siete votos contra dos, el Consejo aprobó la elevación del expediente al proceso de juicio político, que podría derivar en su destitución definitiva del cargo por las causales de "mal desempeño de sus funciones". La jueza había sido beneficiada con una probation para hacer tareas comunitarias y evitó el juicio oral por los delitos de amenazas y discriminación contra las empleadas de tránsito.
El juicio político estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que quedará constituido el viernes cuando se sorteen sus integrantes: serán tres abogados, tres legisladores de la ciudad y tres jueces, uno de ellos del Tribunal Superior de Justicia local. Lo primero que deberá decidir el Jurado es si suspende a Parrilli en su cargo hasta la realización del juicio, para lo que tiene un plazo máximo de 90 días.
El plenario del Consejo realizó una sesión especial para tratar el caso, en la que confirmó el dictamen de la comisión de Disciplina y Acusación: enviar a juicio político a la jueza por mal desempeño de sus funciones, al considerar que los hechos afectan la investidura que un magistrado debe tener.
El 15 de septiembre Parrilli, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28, fue grabada por una cámara en la playa de infractores ubicada en 9 de Julio y Sarmiento, mientras insultaba a dos empleadas cuando había ido a retirar su vehículo. "Todas morochas, ni una rubia contratan", gritó la jueza a las empleadas a las que calificó de "tontitas" y amenazó con meterlas presas y se jactó de que nunca pagaba las multas. Por el hecho, Parrilli fue denunciada ante el Consejo, y penalmente por el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.
El juez contravencional Norberto Circo aceptó la probation que presentó Parrilli. La jueza deberá hacer tareas comunitarias en Cáritas, la suspensión para conducir vehículos durante un año y medio y el resarcimiento de $ 5.000 para cada una de las damnificadas, Rocío Gómez y María Itatí Albe. (DyN)
Por siete votos contra dos, el Consejo aprobó la elevación del expediente al proceso de juicio político, que podría derivar en su destitución definitiva del cargo por las causales de "mal desempeño de sus funciones". La jueza había sido beneficiada con una probation para hacer tareas comunitarias y evitó el juicio oral por los delitos de amenazas y discriminación contra las empleadas de tránsito.
El juicio político estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que quedará constituido el viernes cuando se sorteen sus integrantes: serán tres abogados, tres legisladores de la ciudad y tres jueces, uno de ellos del Tribunal Superior de Justicia local. Lo primero que deberá decidir el Jurado es si suspende a Parrilli en su cargo hasta la realización del juicio, para lo que tiene un plazo máximo de 90 días.
El plenario del Consejo realizó una sesión especial para tratar el caso, en la que confirmó el dictamen de la comisión de Disciplina y Acusación: enviar a juicio político a la jueza por mal desempeño de sus funciones, al considerar que los hechos afectan la investidura que un magistrado debe tener.
El 15 de septiembre Parrilli, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28, fue grabada por una cámara en la playa de infractores ubicada en 9 de Julio y Sarmiento, mientras insultaba a dos empleadas cuando había ido a retirar su vehículo. "Todas morochas, ni una rubia contratan", gritó la jueza a las empleadas a las que calificó de "tontitas" y amenazó con meterlas presas y se jactó de que nunca pagaba las multas. Por el hecho, Parrilli fue denunciada ante el Consejo, y penalmente por el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Guillermo Montenegro.
El juez contravencional Norberto Circo aceptó la probation que presentó Parrilli. La jueza deberá hacer tareas comunitarias en Cáritas, la suspensión para conducir vehículos durante un año y medio y el resarcimiento de $ 5.000 para cada una de las damnificadas, Rocío Gómez y María Itatí Albe. (DyN)
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