Tucumán exige $ 20 millones a las provincias que producen gas

En tiempos críticos, los reclamos se amplifican. Las provincias necesitan fondos para solventar sus servicios y eso lleva, incluso, a pelear cada centavo de lo que, según el criterio de cada gobierno, considera que es un derecho. Ese es el caso del Gobierno de Tucumán, que se puso al frente de un planteo para que las provincias generadoras de gas repartan lo producido por esa actividad. Se trata de una cuestión que lleva varios años de discusión administrativa, con interpretaciones de las normas vigentes, pero que se activó este año con una presentación que hizo la gestión del gobernador, José Alperovich, en una causa que puede significarle a la Provincia un ingreso anual estimado por las autoridades en $ 20 millones, por el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos.
El reclamo se remonta a 1995, cuando la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, un organismo integrado por todas las provincias y que coordina acciones en materia fiscal en todo el territorio argentino, interpretó que por el servicio de traslado de gas por gasoductos "corresponde asignar el 100% de los ingresos derivados de la prestación de ese servicio a la jurisdicción de origen del viaje". Sin embargo, el año pasado, mediante la resolución arbitral 2, se modificó ese criterio a instancias de un planteo formulado por Tucumán y por Jujuy. Según esa decisión plenaria, "resulta equitativo que los ingresos provenientes del transporte de gas por gasoductos se distribuyan entre todas las jurisdicciones en las que la actividad se despliega". Por lo tanto, le dio la razón a Tucumán en su reclamo por cobrar Ingresos Brutos a la actividad. Además, la resolución aclaró que un cambio de interpretación en la materia "no afecta ni el principio de seguridad jurídica ni los derechos adquiridos de los contribuyentes y jurisdicciones involucradas, por cuanto la nueva norma interpretativa regirá para el futuro".
La cuestión plantea un conflicto entre las provincias consideradas chicas con otros distritos que gozan de regalías, como es el caso de Salta, Neuquén y Tierra del Fuego, que quieren mantener el cobro del 100% de Ingresos Brutos por ser provincias de origen del recurso.  
En mayo pasado, en Puerto Iguazú, Misiones, la comisión plenaria del Convenio Multilateral volvió todo a fojas cero, y le dio la razón a las provincias de origen. Tucumán, a través del ministro de Economía, Jorge Jiménez, y del director de Rentas, Pablo Clavarino, representantes de la Provincia ante esa comisión y ante la Comisión Federal de Impuestos -tiene a su cargo el estricto cumplimiento del régimen de coparticipación federal-, apeló la resolución adoptada en la ocasión, a través de la resolución 7, publicada en julio en el Boletín Oficial. La Provincia adujo vicios administrativos en la decisión y recusó a los integrantes de Misiones, firmantes de la resolución que atendió una apelación formulada por Transportadora de Gas del Norte (TGN), en el mismo sentido que las provincias productoras.
La cuestión promete llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, ya que las partes en conflicto abrieron esa instancia como última posibilidad. Esta semana, el ministro de Economía viajará a Buenos Aires para definir qué hará Tucumán en la materia.
Fuentes cercanas a la conducción de la comisión arbitral del Convenio Multilateral confirmaron a LA GACETA que  el 1 de junio pasado Tucumán presentó el expediente "Incidente de nulidad contra lo actuado  por la Comisión Plenaria el 21/05/09", y que el 18 de agosto se decidió que este incidente se resuelva en diciembre en la última reunión del año de la Comisión Plenaria. La pelea entre las provincias por los fondos recién comienza. Hay mucha necesidad de las partes de sostener o incrementar los ingresos ante la caída en los niveles de coparticipación federal de impuestos.