LA PAZ, Bolivia.- La ciudad boliviana de Santa Cruz, epicentro ayer de graves disturbios con saqueos de oficinas públicas, amaneció hoy en calma, pero con la amenaza latente de organizaciones civiles de derecha de continuar con su desacato al gobierno.

Los enfrentamientos entre manifestantes y policías habían cesado completamente, pero grupos de jóvenes continuaban hasta la madrugada saqueando las oficinas de la empresa de telecomunicaciones, nacionalizada recientemente por el presidente Evo Morales.

La Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo de choque de las organizaciones civiles de Santa Cruz, mantenían además el control de las oficinas de Impuestos y Reforma Agraria, que también fueron saqueadas por los rebeldes.

Las oficinas del canal TVB y la radio Patria Nueva, ambas del estado, fueron saqueadas y los equipos quemados, mientras la radio católica Erbol fue atacada por la turba.

El presidente del comité cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, calificó la protesta en una carta a Morales de "manifestación pacífica de ciudadanas y ciudadanos que quieren expresar su repudio porque usted se niega a reconocer las autonomías".

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, responsabilizó de los hechos de violencia a Morales y manifestó: "estaré del lado de mi pueblo".

El gobierno, que calificó la jornada de violencia de ayer en Santa Cruz y otras tres de las nueve regiones de Bolivia como el inicio de "un golpe de estado cívico-prefectural", se reúne hoy desde temprano en el presidencial palacio de Gobierno de La Paz, según voceros de la Presidencia.

Sectores agrarios afines a Morales amenazaron en represalia con cortar las rutas que unen Santa Cruz con el oeste de Bolivia, por donde fluye el grueso de las exportaciones de esa región a ultramar y por donde se abastecen de productos alimenticios.

Los incidentes comenzaron ayer en la región de Villamontes, en el departamento de Tarija, cuando grupos cívicos opositores ocuparon una planta que distribuye gas natural a Brasil, operada por una firma franco-brasileña, sin lograr su objetivo de cortar el suministro a ese país.

Otros grupos ocuparon dos aeropuertos en Beni y tomaron oficinas públicas en Pando, cuyo prefecto, Leopoldo Fernández, posesionó un interventor en el Instituto de Reforma Agraria, encargado de distribuir las tierras.

Bolivia está sumida en una fuerte crisis política, por las irreconciliables visiones de país que impulsa el oficialismo de corte estatista e indigenista y la oposición que la rechaza y apoya, en cambio, la formación de gobiernos autónomos de cuño liberal, respaldado abiertamente por los EEUU. (AFP-NA)