Los padres los abandonan y el Estado los encierra

En Tucumán, como en el resto del país, la mayoría de los menores que viven en hogares o institutos están "privados de la libertad" por cuestiones vinculadas con la pobreza y no porque hayan infringido la ley. A pesar de que la nueva ley de Protección a la Infancia (26.061) prohíbe esta situación, la "institucionalización" de los chicos fue la respuesta que dio el Estado a los casos de niños o adolescentes abandonados por sus familiares o abusados.
Pero además, Tucumán figura entre las siete provincias con menor flexibilidad en el régimen de salidas de estos hogares. Prácticamente, los chicos viven como si estuvieran encarcelados. Así se desprende de un relevamiento que efectuaron la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Unicef, el organismo de la ONU para la infancia. El documento advierte que este tipo de situación que afrontan los chicos institucionalizados "constituye el camino hacia la carrera delictiva".
Tucumán cuenta con 11 institutos dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Allí viven 221 menores (niños y adolescentes de ambos sexos), el 69% de los cuales se encuentra alojado por razones socio-económicas. La excepción son los chicos del Roca y del Goretti, que tienen conflictos con la ley.
La titular del área, Graciela Sare, dijo a LA GACETA que se cumple la ley respecto del tiempo de permanencia de los menores en los institutos, que no puede exceder los seis meses. No obstante, reconoció que en muchos casos se hace difícil reintegrar a esos chicos a sus familias de origen porque la causa de su institucionalización fue algún tipo de abuso que sufrió dentro del hogar. "Eso significa que hay que trabajar con las familias y con el menor, lo que demanda mucho esfuerzo y un tiempo prolongado", señaló.
Indicó que las herramientas que se usan son los programas de Fortalecimiento de Vínculos, que permiten ayudar económica y laboralmente a las familias para que puedan contener a los menores, y de Familias Sustitutas. Este último se emplea, sobre todo, en los casos en que los menores hayan sufrido en el hogar algún tipo de abuso o hayan sido víctimas de explotación sexual, explicó la funcionaria.

Salidas escasas
La directora del área, Fátima Forté, dijo que no todos los chicos están en una situación de encierro total. "Cada instituto tiene características diferentes. Por ejemplo, las niñas que están en el Instituto de las Hermanas Adoratrices van a la escuela, asisten a talleres o trabajan en algún emprendimiento; en cambio, los de la Sala Cuna tienen menos posibilidades de salidas porque necesitan supervisión constante", dijo.
Admitió que se necesita más de las 70 familias sustitutas que hay actualmente en la provincia y que también es necesario reacondicionar físicamente los hogares para que se parezcan más a una casa de familia que a una institución.
"Somos conscientes de que la problemática es difícil de tratar, y que la desinstitucionalización de los menores va a llevar un tiempo, porque también la sociedad debe cambiar", sostuvo Sare.
Por su parte, el presidente de la Fundación Andhes, Darío Abdala, señaló que la situación de encierro por cuestiones asistenciales es inaceptable jurídicamente, de acuerdo con los compromisos asumidos por el país con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales que tienen rango constitucional en la Argentina desde 1994.