Se debe reforzar la capacitación de los integrantes del Poder Judicial

Análisis. Por Patricio Agustín Rovira - Andhes.

04 Dic 2007

Si bien el presupuesto del Poder Judicial de la Provincia representa sólo un 3,5% del presupuesto provincial y de ese monto se destina casi un 95% al pago de sueldos, debemos señalar que la Justicia cuenta con una fuente genuina de recursos                     creada como Cuenta Especial mediante Ley 6.168 y modificatoria 6.208, que se integra principalmente con el producido de tasas judiciales.
En 2006, este fondo reunió $ 8.755.307, que se afecta a diferentes destinos; entre ellos, la remodelación, ampliación o locación de bienes inmuebles; la adquisición, reparación y mantenimiento de bienes muebles y  el financiamiento de la escuela judicial (hoy Centro de Capacitación y Especialización Permanente para Empleados, Funcionarios y Magistrados).
Conforme surge de las estadísticas publicadas por la propia Corte Suprema de Justicia, de ese monto sólo se destinó $ 100.000 a inversiones en Biblioteca y $ 50.000 al Centro de Capacitación.
En Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) consideramos que una de las inversiones más valiosas que se puede hacer es la permanente formación, capacitación y especialización de los recursos humanos. Esto significaría un salto cualitativo de nuestros magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as judiciales. Somos conscientes del abrumador y agobiante trabajo que afronta, día a día, el Poder Judicial, pero estamos convencidos de que es a través del aprendizaje y de la instrucción como se puede potenciar y mejorar el trabajo de todos/as y cada uno/a.
Uno de los aspectos que se debería incluir en esa capacitación es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrado constitucionalmente desde la reforma de 1994, pero que aún no ha sido incorporado adecuada y satisfactoriamente en nuestros tribunales locales. Desconocemos los motivos de tal situación. Una formación sobre los alcances y estándares internacionales en materia de Derechos Humanos podría ser un punto inicial para modificar esta inercia.
Como podemos observar, recursos no faltan. De todos modos y, en caso de que ello constituya un impedimento, en reiteradas oportunidades, desde la sociedad civil se ha puesto a disposición del Poder Judicial este tipo de iniciativas, sin haber logrado una aceptación favorable.
Se está estrenando en nuestra provincia una nueva integración y una nueva presidencia de la Corte. Esperamos que ella supere los obstáculos y los desafíos que la coyuntura y el devenir diario le imponen, diagramando, diseñando, formando y capacitando una Justicia acorde con las expectativas y necesidades de todos los tucumanos.

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