Necesaria y dura reflexión sobre la seguridad

Las tragedias de los policías Ramón Sánchez y Emanuel Lazarte han interpelado a los tucumanos, que desde hace mucho tiempo padecen la difícil situación de inseguridad en los barrios del este capitalino. Esto ha quedado expuesto en las marchas realizadas en estos días por los familiares de los agentes caídos, que reclamaron acciones y responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial. Además, las duras experiencias de los policías que actúan en la calle y los relatos de los vecinos de los barros complejos como los que rodean la avenida de Circunvalación también llevan a una necesaria y dura reflexión sobre la seguridad.

Uno de los grandes cuestionamientos ha estado vinculado con respecto a los métodos de trabajo y las limitaciones frente a circunstancias complejas. Muchos policías han cuestionado que la Justicia aplique normas que ellos juzgan laxas y que en el caso de los agentes de la ley haya lo que juzgan como excesivos cuidados. “Si hubiese sido al revés, si mi hermano llegaba a usar su arma para defenderse, creo que la ley no lo hubiera amparado”, dijo la hermana de Sánchez. El reclamo, muy emocional por la tragedia que lo enmarca, mostró la sensación de abandono que sienten los empleados policiales. “Nos sentimos totalmente desamparados por parte de las autoridades”, añadió un agente. Esto debería motivar un debate referido a tres cuestiones: una, el necesario análisis sobre la reincidencia y el trabajo social para generar estrategias de cambio en los sectores donde hay extrema vulnerabilidad social, lugares donde “la última línea es la policía”, al decir de un suboficial que advirtió que “si la policía no está, no hay quién controle a los violentos y la sociedad desaparece”. La segunda cuestión es si los agentes de calle tienen los elementos de trabajo y las estrategias necesarias para su tarea. Los relatos de los agentes que deben actuar en esos barrios “pesados” –como los calificaron- muestran que no. Los agentes cuentan que a menudo son atacados a pedradas por familias conflictivas, que deben comprarse sus propios chalecos de seguridad y que a los principiantes se les da pistolas viejas que a menudo se traban. La tercera cuestión que se deriva de esto es si las capacitaciones para estas tareas complejas se están realizando como corresponde. Al respecto, los operadores que trabajan en tareas sociales en barrios conflictivos han dicho que no han sido preparados para abordar situaciones conflictivas con personas violentas y adictas. Convendría saber eso en cuanto a los policías.

Por otra parte, se trata de áreas ya tradicionalmente abandonadas y en las que realmente la Policía es la última línea. Los vecinos, sin renegar de la tarea policial, reniegan por las estrategias diseñadas para brindar seguridad. “La realidad en nuestro barrio es la misma que vemos en los demás después de un caso así: ahora está lleno de policías, pero todos sabemos que de acá a tres días, quizás una semana, ya les darán la orden de ir a otra zona y no aparecerán más”, dijo una vecina del barrio Juan Pablo I. Hace unos días los residentes del barrio reclamaron que debieron desarmar una casilla porque, a causa de la falta de policías, era usada como guarida de malvivientes. Otra vecina dijo: “que te roben, que te arrastren por la calle para sacarte un bolso es cotidiano”.

Finalmente, la situación de que hayan sido policías las víctimas de estas tragedias ha puesto la seguridad como centro de un debate tan necesario como preocupante. No sólo por el hecho de que hace pensar que eso muestra la indefensión de la sociedad en general, sino por el hecho de que se debe enfatizar el valor de la tarea de quienes cuidan a la sociedad. Si ellos faltan, se está a un paso del caos y de la ley de la selva. Por ello es justo analizar y debatir el modo de cicatrizar el daño que se ha producido con adecuadas respuestas a las familias de las víctimas, y además buscar la manera de ayudar a que los agentes puedan proteger a la sociedad y sean también protegidos por esta.