Consensos y no internas

Lejos de las fantasías especulativas de hace un tiempo sobre el modelo del Pacto de la Moncloa, que permitió a España acceder a la plenitud democrática y a la comunidad europea, nuestra clase política está entrando en el torbellino de las internas, como si las urgencias del país tuvieran ese rumbo. Es así que en el escenario nacional ocupan ya espacios sobresalientes las polémicas partidarias y proliferan las candidaturas presidenciales de todo signo y color, a la vez que el gran ausente es el consenso, desplazado en los discursos políticos por consignas que poco o nada proponen a la desalentada ciudadanía.
Fuertemente afectados por sus responsabilidades protagónicas en la crisis que atraviesa la Nación, los grandes partidos han optado por profundizar los debates internos, aun a riesgo de provocar sus divisiones estructurales, dejando en evidencia sus incapacidades para tratar de recorrer el proceso de transición que acordaron hace seis meses en el Congreso. Debilitado por esa situación, el Gobierno central no sólo carece ahora de la prometida coalición de sustento, sino de un apoyo franco del que, tan sólo formalmente, es su partido.
Ese cuadro de situación es inédito en la historia del país mientras tuvo vigencia la Constitución, pues se caracteriza por la imposibilidad de que los partidos políticos actúen en lugares abiertos sin la imprescindible custodia de seguridad, y los poderes públicos puedan hacer respetar el orden jurídico. Ese vacío está siendo ocupado desde hace un tiempo prolongado por organizaciones informales y grupos de acción directa que, entre sus consignas, manejan preferentemente el desprecio por los partidos políticos, apelando a métodos de sustitución autoritarios que no condicen con el sistema democrático.
En momentos históricos como el presente esas prácticas ruidosas y amparadas abusivamente en las libertades públicas suelen contar con cierta acogida entre los sectores más afectados por los aspectos sociales de la crisis. Más peligrosa es, sin embargo, la incapacidad de las organizaciones políticas sedicentemente democráticas para advertir que la grave situación a que ha sido llevado el país requiere perentoriamente ponerse a trabajar en acuerdos fundamentales para ordenar la transición institucional, renunciando al propósito ciego de precipitar la alternativa electoral.
El lamentable espectáculo ofrecido en los últimos tiempos por los dos mayores partidos al llevar sus respectivas divisiones internas al Poder Legislativo, ha sido uno de los hechos más perturbadores para los intereses de la Nación, mientras se trata de acordar una ayuda internacional indispensable, gestionada por un gobierno cuya referencia inmediata es el decreciente apoyo que lo debilita.
No menos grave es que en esa precaria condición el Presidente contradiga la promesa de no adelantar las urnas, con notorios gestos de simpatía o rechazo ante las precipitadas candidaturas para sucederlo, en lugar de asegurar su predisposición al consenso con todos los sectores políticos que acordaron su designación para completar el período constitucional vigente.
La sociedad está reclamando comportamientos más adecuados de quienes tienen la responsabilidad de establecer las condiciones necesarias para dejar atrás la transición y los problemas más agudos de la crisis. Por su parte, la clase política debería reflexionar sobre esa exigencia que la convoca y actuar consecuentemente, prestando un servicio a la ciudadanía que restaure su afectada confianza en la República.