SE MOVIERON RÁPIDO. A raíz de la denuncia del abogado Juan Sebastián Bauque, en tribunales decidió investigar a los dos supuestos peritos. la gaceta / foto de archivo
Una denuncia de un abogado alteró los nervios de los operadores del sistema judicial. El profesional pidió que se investigue a dos peritos de caligrafía que vendrían realizando desde hace varios años estudios y que no tendrían títulos habilitantes para realizar la tarea. La Corte Suprema de Justicia ya inició una investigación de este caso.
Todo comenzó con un expediente común y corriente. Una mujer heredó la casa de su padre y un automóvil antiguo. Los vecinos la llamaron para avisarle que desconocidos se habían apoderado de ambos bienes. Al poco tiempo, los denunciados vendieron la propiedad y el vehículo.
La demandante inició los trámites en la Justicia. El acusado presentó un boleto de compraventa firmado en el que el titular le vendía esas propiedades. La mujer dijo que ese documento era “trucho” y que su padre, por su estado de salud, no estaba en condiciones de firmar ningún papel de esas características y que, si lo hubiera hecho, fue mediante engaños o por la fuerza.
Se inició una causa que aún continúa tratándose en tribunales. La víctima y su abogado Juan Sebastián Bauque, tal como lo establece el nuevo código procesal penal, comenzaron a buscar pruebas para tratar de recuperar los bienes. El titular de la escribanía que se había utilizado en la confección negó la existencia del acta y confirmó que los sellos y la firma no eran suyos. Pidieron una pericia caligráfica de la firma del propietario con la certeza que sería falsa. Sin embargo, el especialista que la realizó, dijo que sí era del fallecido. Allí comenzaron con otra investigación: el perito no aparecía en ninguna lista de profesionales habilitados para cumplir con esa tarea.
El Poder Judicial cuenta con la oficina de Superintendencia donde los peritos se inscriben. Cuando los funcionarios necesitan aclarar alguna situación, mediante un oficio enviado a esa oficina, solicitan la intervención de los especialistas que aparecen en esa lista. Bauque, al descubrir esa situación, presentó un pedido de investigación.
El profesional, en un escrito pidió que se investigue a dos empleados policiales que cumplen con esta tarea. “Los mismos no tendrían ningún título que los avale para realizar pericias caligráficas y podrían tener un curso de criminología”, razonó. “Esto no los autoriza bajo ningún punto de vista a realizar pericias caligráficas porque sino estarían ejerciendo ilegalmente una profesión que no están facultados para hacerlo, estando incursos en delitos penales graves”, añadió en el escrito.
“Por ejemplo, esta Superintendencia debe saber que dichos supuestos peritos realizaron varias pericias caligráficas en el fuero penal, incluso se condenaron a personas por sus dictámenes caligráficos, donde la Justicia tenía como válidos sus informes sobre la falsa teoría que eran egresados universitarios, lo que no es así”, añadió.
Bauque también, en el escrito, se preguntó: “¿hay personas privadas de la libertad y condenadas en Tucumán por pericias caligráficas realizadas por esos peritos? Lo que denuncio es grave y debe ser investigado ya”.
Un vocero de la Corte confirmó la existencia de la denuncia. Fuentes judiciales agregaron que se libraron oficios a distintas entidades del país para confirmar o descartar que los sospechados estén habilitados a cumplir con esta tarea.
