Problemáticos cobros del Estado

Los viejos abogados tucumanos solían recordar con frecuencia la afirmación de cierto prestigioso juez de nuestros tribunales. Este decía que, ante la duda, en sus fallos tendía siempre a favorecer al Estado, porque "el Estado está siempre mal defendido". La anécdota parece oportuna frente a las revelaciones últimas acerca del cobro de créditos del ex Banco de la Provincia.
De acuerdo con lo que informamos, la Fiscalía de Estado distó de iniciar todas las acciones tendientes a obtener el pago judicial de esas deudas. Solamente lo hizo en forma parcial, ya que -habría argumentado ante el requerimiento del Tribunal de Cuentas- la Unidad Banco Residual no le remitió la totalidad de la documentación indispensable para presentar las demandas. Por lo que se sabe, actualmente estarían a punto de prescribir créditos impagos por un monto de 3 millones de pesos, originados en la tarjeta de crédito que emitía el ex Banco.
En otras palabras y por culpa de quien fuere en definitiva, el hecho es que el Estado provincial no solamente no ha cobrado una proporción apreciable de los créditos (sólo logró recuperar 2,5 millones de una deuda que se estima en 80 millones, aunque las cifras oficiales llegan a $18 millones desde la privatización), sino que está en riesgo de que una suma significativa se convierta en incobrable por prescripción. Hubo, evidentemente, por lo menos falta de diligencia para encarar un tema tan delicado como el que nos ocupa.
No es la primera vez que, en los diversos niveles del Estado, se dejan de cobrar las acreencias de este. Ello ha determinado que se cimente una conciencia pública acerca de que deberle al fisco es algo que carece de las consecuencias que se derivan de las deudas privadas. Los entes estatales no solamente dejan pasar inusuales cantidades de tiempo sin molestar al deudor, sino que por añadidura -como este caso lo muestra- tienen tal pasividad en cuanto a las acciones judiciales, que la deuda frecuentemente prescribe.
Bien sabemos que no ocurre así en otras latitudes, en las cuales el poder público cuida celosamente de sus finanzas también en este sentido. Nos parece que estamos ante uno de esos terrenos donde debiera asistirse a un cambio sustancial. Muchas veces hemos subrayado la necesidad de afianzar entre nosotros una "conciencia fiscal", en el sentido de que satisfacer las obligaciones con el Estado sea entendido como algo de cumplimiento perentorio y riguroso, y no como una obligación que se llena siempre a medias y a las cansadas.
Si se sumaran detalladamente las cantidades que el erario deja de percibir por la falta de una acción sostenida para cobrarlos, tendríamos como resultado cifras millonarias que debieron estar en la caja oficial y que no lo están.
En ningún caso -y mucho menos en la situación en que nos encontramos- debe el Estado ser remiso con sus cobros. Puesto que no existe ninguna ley que fije para la recuperación de los créditos fiscales un criterio distinto del que se utiliza para los particulares, corresponde que los abogados promuevan activamente las acciones que corresponden en cada caso. Y está dentro de su deber, también, exigir de las reparticiones el envío en tiempo y forma de toda la documentación que necesiten para entablar las demandas.
Es probable que se requiera la sanción de nuevas normas para que esta cuestión quede suficientemente clara, así como para poder responsabilizar debidamente a los organismos o letrados remisos. Sería interesante que el Congreso y las Legislaturas provinciales estudien el tema, a fin de cerrar un injustificado drenaje de los fondos públicos.
Alguna vez el Estado debe dejar de ser "mal defendido" y obtener el reintegro del dinero que se le debe, como ocurre en la órbita privada.