Por Santiago Re
07 Noviembre 2022
A una semana del inicio del juicio por el crimen de Luis Espinoza, no sólo las partes jugaron sus primeras cartas y mostraron indicios de sus estrategias, sino que también quedaron en evidencia la dificultades a las que se enfrentan a diario los familiares de la víctima que desean presenciar las audiencias en la sala del Tribunal Oral Federal. Si bien es cierto que este debate se desarrolla de manera mixta, es decir, que puede presenciarse además mediante Zoom, los allegados a los querellantes eligen el cotidiano trajín de viajar desde Palominos hasta la capital para acompañar a Gladys Herrera y a Juan Espinoza, la madre y el hermano de Luis, quien estuvo con él cuando lo asesinaron.
Espinoza fue asesinado de un disparo en el omóplato el 15 de mayo de 2020, cuando efectivos de la comisaría de Monteagudo intervinieron para disolver una carrera cuadrera que se estaba corriendo en el paraje El Melcho (Simoca). Por el hecho fueron imputados los policías Rubén Héctor Montenegro (subcomisario), José Alberto Morales (quien sería el autor del mortal disparo), Gerardo Esteban González Rojas, Mirian Rosalba González, Claudio Alfredo Zelaya, Carlos Lisandro Romano, José María Paz, René Eduardo Ardiles, Víctor Manuel Salinas, el vigía Héctor Fabio Villavicencio y el civil Álvaro Gonzalo González.
La mayoría de los imputados hasta el momento eligieron abstenerse de declarar, por lo cual se les leyó las versiones que brindaron durante la instrucción del proceso. Sólo Zelaya y Ardiles decidieron romper el silencio y reforzar lo que habían contado en sus indagatorias. En línea general, los imputados plantearon que no apuntaron directamente contra la víctima y que la muerte se habría dado por accidente. Algunos de ellos señalaron que pretendían documentar el hecho y responsabilizarse de lo ocurrido pero que Montenegro, quien estaba a cargo del operativo, no se los permitió. Esos mismos imputados aseveraron que el subcomisario planeó ocultar el crimen y que obligó a Zelaya, Morales y González Rojas a acompañarlo hasta un precipicio en el límite con Catamarca (en la zona de Alpachiri) donde arrojaron el cuerpo.
Por su parte, el fiscal federal Pablo Camuña y el abogado querellante Carlos Garmendia intentarán probar la participación que tuvo cada uno de los acusados en el crimen y la desaparición. En estas dos primeras semanas de debate declararon varios testigos explicando las irregularidades que habría tenido el operativo policial. Según esos testimonios, los efectivos no estuvieron uniformados, no fueron al lugar en patrullas de la Fuerza, no secuestraron armas ni habrían tenido un justificativo para abrir fuego. El propio Zelaya, quien ese día arrestó a Juan Espinoza, confesó que ninguno de los hermanos llevaba armas.
Una travesía
A diario, para estar presente en la sala del TOF antes de las 10, Gladys Herrera debe salir de su casa de Palominos a caballo. Si bien ese paraje corresponde a la comuna de Monteagudo, el pueblo más cercano es Villa Chicligasta. Los habitantes de Palominos y El Melcho cabalgan aproximadamente 30 minutos y cruzan el río Gastona para llegar a la localidad rural más cercana. Allí pueden subirse a un vehículo que los transporte a la capital. En auto, el viaje desde Villa Chicligasta requiere una hora y cuarto aproximadamente (90 kilómetros en tramos que incluyen caminos rurales).
A lo largo del juicio Garmendia hizo mención de la dificultad económica que atraviesa la familia Espinoza para venir a diario. Por la cantidad de partes que intervienen en el proceso (la Fiscalía, la querella y 10 defensas) los interrogatorios fueron extensos, por lo que hubo citados que debieron regresar a casa y viajar al día siguiente para declarar. Ante esta situación, el martes pasado el juez Jorge Abelardo Basbús resolvió que las próximas sesiones se extenderán hasta agotar la lista diaria de testigos citados.
Está previsto que esta semana continúen declarando las personas que estuvieron en El Melcho el día del hecho. Ya se exhibieron algunos de los elementos secuestrados en la causa. Por otro lado, hay más de 100 personas llamadas a declarar, entre las cuales faltan los testigos que hayan ofrecido las defensas y los peritos e investigadores que intervinieron en el proceso. Uno de esos expertos será clave para determinar si el crimen de Espinoza puede ser considerado además como una desaparición forzada, uno de los delitos que acusa la Fiscalía.
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