16 Octubre 2022
En el marco de la audiencia que se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas. A esta nueva instancia se arribó por el reclamo que llevaron adelante los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este contexto, el tribunal internacional quedó en condiciones de dictar un condena que incluya reparaciones económicas y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista.
“El Estado es responsable por no haber prevenido el atentado”, manifestó Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia. Y remarcó que la responsabilidad surge también: “por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”. La funcionaria del Ministerio de Justicia reconoció que el Estado es responsable de lo que ocurrió desde la explosión hasta el decreto del 2005 pero también de lo que sucedió hasta ahora. “El Estado no atendió sus obligaciones internacionales. Fueron deliberadamente incumplidas, o parcialmente o con injustificado retraso”, enfatizó.
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