22 Junio 2002 Seguir en 
Los funcionarios se tomaron en serio la proliferación de panfletos y decidieron investigar a fondo la cuestión. Para eso relevaron hace diez días al jefe del Departamento Investigaciones de la Policía (D2), Miguel Angel Chuchuy Linares, y le impusieron una tarea complicadísima al nuevo encargado del área, Pedro René Ledesma: hallar a los responsables de los libelos. A la vez, hay fiscales que intervienen, porque sospechan que hay organizaciones políticas involucradas.
Acción privada
El primer obstáculo de este afán (que ahora obsesiona a los funcionarios porque el gobernador fue "panfleteado") es que se trata de un delito de acción privada, y por lo tanto ellos no pueden investigar de oficio. El Código Penal lo dice claramente (artículo 75): "la acción por calumnia o injuria podrá ser ejercitada sólo por el ofendido". Y aunque descubrieran quiénes son los autores intelectuales y materiales de los libelos, las querellas tendrán que ser entabladas por los particulares ofendidos. No por los funcionarios del Gobierno.
La cuestión, no obstante, viene bien porque es la primera vez que se trata como problema. Los tres años de la administración mirandista fueron una fiesta de panfleteadas como nunca se vio. Ciudadanos, medios de prensa, legisladores, el fiscal Esteban Jerez y funcionarios del Gobierno fueron víctimas de los libelos, sin que nunca se haya hecho nada.
Aquí aparece otro obstáculo: hay sospechas firmes de que muchos panfletos surgieron de sectores en pugna dentro del mismo Gobierno. De hecho, un ciudadano panfleteado hace tres meses dijo que era evidente que los datos en su contra habían sido sacados del prontuario que de él tiene la Policía. Deslizó, en ese sentido, que alguien que tiene acceso a la Policía los obtuvo.
La única vez que se tuvo noticias de una acción judicial por esta cuestión fue en un hecho vinculado con la Asociación Bancaria: hace casi dos meses, el ex secretario general de esa asociación, Eduardo Bourlé, fue condenado por unos panfletos de abril de 2000 que calumniaban al ex vicepresidente de la Caja Popular, Marcelo Casteluccio.
No estaría mal que se investigue con qué medios y en dónde se hicieron esa vez los panfletos, ya que viene a ser una especie de caso testigo. De allí podría descubrirse algo. Si es que realmente se quiere llegar al fondo del asunto y acabar con la mafia del panfleto en Tucumán.
Acción privada
El primer obstáculo de este afán (que ahora obsesiona a los funcionarios porque el gobernador fue "panfleteado") es que se trata de un delito de acción privada, y por lo tanto ellos no pueden investigar de oficio. El Código Penal lo dice claramente (artículo 75): "la acción por calumnia o injuria podrá ser ejercitada sólo por el ofendido". Y aunque descubrieran quiénes son los autores intelectuales y materiales de los libelos, las querellas tendrán que ser entabladas por los particulares ofendidos. No por los funcionarios del Gobierno.
La cuestión, no obstante, viene bien porque es la primera vez que se trata como problema. Los tres años de la administración mirandista fueron una fiesta de panfleteadas como nunca se vio. Ciudadanos, medios de prensa, legisladores, el fiscal Esteban Jerez y funcionarios del Gobierno fueron víctimas de los libelos, sin que nunca se haya hecho nada.
Aquí aparece otro obstáculo: hay sospechas firmes de que muchos panfletos surgieron de sectores en pugna dentro del mismo Gobierno. De hecho, un ciudadano panfleteado hace tres meses dijo que era evidente que los datos en su contra habían sido sacados del prontuario que de él tiene la Policía. Deslizó, en ese sentido, que alguien que tiene acceso a la Policía los obtuvo.
La única vez que se tuvo noticias de una acción judicial por esta cuestión fue en un hecho vinculado con la Asociación Bancaria: hace casi dos meses, el ex secretario general de esa asociación, Eduardo Bourlé, fue condenado por unos panfletos de abril de 2000 que calumniaban al ex vicepresidente de la Caja Popular, Marcelo Casteluccio.
No estaría mal que se investigue con qué medios y en dónde se hicieron esa vez los panfletos, ya que viene a ser una especie de caso testigo. De allí podría descubrirse algo. Si es que realmente se quiere llegar al fondo del asunto y acabar con la mafia del panfleto en Tucumán.







