Apertura de los fortines políticos

La apertura de las internas partidarias a los electores independientes sancionada recientemente con amplia mayoría por el Congreso, es el avance más significativo realizado desde la restauración democrática para reformar el sistema de representación política.
Demandado por la ciudadanía juntamente con otras innovaciones que pongan fin al viejo régimen electoral, el proyecto, convertido en ley después de nueve meses de espera legislativa, deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia, pero su aplicación en las futuras elecciones de candidatos por las respectivas organizaciones partidarias no será en manera alguna sencilla.
La innovación -sobre la que hay escasa experiencia de casos muy excepcionales- requerirá una compleja coordinación del Gobierno nacional, de la Justicia Electoral y de los partidos, sobre la cual será conveniente no demorarse.
Esa tarea debe completarse con una difusión adecuada entre la ciudadanía para que el electorado independiente pueda acceder con conocimiento de su responsabilidad a la selección de candidatos, restringida hasta ahora a los afiliados partidarios.
Algunos sectores minoritarios resistentes a la apertura de las internas han objetado su constitucionalidad, pero tal oposición elude una realidad evidente: si los partidos políticos ejercen el monopolio de la selección de candidatos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, contando en su conjunto como afiliados a un tercio del padrón nacional de electores, el principio constitucional de igualdad de derechos políticos seguirá siendo manifiestamente ignorado como hasta el presente.
Ni aun en el caso de que se habilite -como también se demanda- la elección de candidatos independientes, esa oposición tendría fundamento, pues el cierre de las internas favorecería a las grandes estructuras partidarias. El mecanismo funcional aprobado determina la voluntariedad de participación, impidiendo sufragar en más de una interna, para la cual el proceso se cumplirá en horario y jornada simultáneos, mediante padrones oficiales y otros requisitos que aseguren su transparencia.
A la vez que completaba la sanción legislativa de la apertura para la selección de candidatos nacionales, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno que excluya de esa obligatoriedad en su reglamentación, a las agrupaciones políticas que presenten solamente una lista de candidatos.
Pero es de esperar que tal diferenciación no prospere, para evitar que, mediante combinaciones preelectorales o negociaciones tendientes a eludir el control de la ciudadanía independiente sobre los actos partidarios que pueden afectarla de manera directa, se burle la persistente demanda de renovación de los aparatos políticos.
Pero la innovación trascendente que representa esta primera apertura de los fortines partidarios de poco valdría, sin el compromiso del electorado independiente de asumir la responsabilidad de votar en conciencia para seleccionar candidatos.
Por lo menos con parecida convicción a la expuesta en estos días de dramática crisis para defender los derechos personales agredidos desde los poderes públicos por dirigencias cuestionadas, cuyo relevo tan sólo debe ser posible mediante las urnas.