La decisión de Jaldo que apura a Manzur a definirse

La decisión de Jaldo de adelantar la elección a junio de 2023 no sólo altera a los opositores porque les reduce los tiempos para dirimir su propia interna sino que, además, acota los márgenes de acción política al propio Manzur en el ámbito provincial. Es que adelantar los comicios implica anticipar el cronograma electoral y, por ende, condiciona al jefe de Gabinete a acelerar una definición sobre sus pretensiones: si es que va a jugar en Tucumán o si es que buscará hacerlo en el plano nacional. Lo obliga, por ejemplo, a apurar para antes de diciembre -cuando arrancaría el calendario electoral- una acción declarativa de certeza en la Justicia para saber si puede o no ser candidato a vicegobernador, secundando al tranqueño, o eventualmente a otro postulante, si es que el oficialismo vuelve a atravesar otra interna encarnizada como la del año pasado.

Es que la Carta Magna provincial no impediría que pueda presentarse como segundo en la boleta electoral, pues nada dice al respecto -y lo que no se prohibe expresamente, entonces, está permitido-, pero sí sería necesario que la Justicia aclare ese aspecto de la Constitución para despejar la incertidumbre. El artículo 90 señala que el vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo (como sería el caso de Jaldo). Si el gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período (caso de Manzur). Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de vicegobernador. Nada dice puntualmente sobre si el gobernador puede ser vice, sin embargo, es necesario que la Justicia lo especifique. Y que Manzur acuda a las Cámara en lo Contencioso, si es que va a apostar por ese lugar para invertir la fórmula de 2019. Tiene que apurarse para aclarar el panorama interno en el PJ y para llevar tranquilidad los compañeros, que cada vez más alientan la fórmula Jaldo-Manzur.

La intención del oficialismo al plantear la inconstitucionalidad de los artículos 43 y 100 -que determinan que los comicios deben hacerse en agosto-, más allá de las excusas sobre no tener dos elecciones con tanta cercanía (una provincial y otra nacional -las primarias-), también apuntan a distanciar la votación provincial de la posible influencia negativa de la gestión nacional. Unificarlas es imposible bajo ese marco, especialmente cuando la mayoría de las provincias gestionadas por el peronismo anticipó las elecciones, algunas a marzo del año venidero. Y Jaldo tiene toda la intención de plebiscitar su gestión el 4 de junio como gobernador interino -sin que el voto quede atrapado por el clima nacional-, tarea en la que está concentrado, tratando de mejorar lo realizado por Manzur e imponer su propia impronta.

El conflicto por el gasoil puso a prueba sus habilidades y sus limitaciones para no enfrentarse completamente al poder central, porque ahí está ocupando un lugar Manzur, su socio, y porque, además, hace pocos días le profesó su fe a Alberto Fernández. El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo necesita del auxilio de ambos, de los recursos nacionales, los que sea, para gestionar la provincia. Su cuero está en juego si es que va a someterse a la voluntad popular diciendo esto hice y puedo hacer más.

En esa línea no podía, por ejemplo, participar de la reciente reunión de mandatarios justicialistas en Chaco, donde sus pares exigieron una solución a la crisis por la faltante de combustible al Gobierno nacional. Una manera de responsabilizarlo por la crisis y de ponerse en la vereda de enfrente, y también para que la Liga de Gobernadores emerja como un espacio alternativo de poder en el Frente de Todos. Jaldo no puso su firma a la presión al poder central; en cambio se reunió el viernes a la noche con Manzur, legisladores e intendentes, más preocupado por la gestión y la unidad del peronismo tucumano.

Manzur debe resolver rápido qué lugar pretende ocupar en la partida que se viene; por lo que acudir a los tribunales con una acción declarativa de certeza pondrá luz sobre en qué terreno va a plantarse. A él también lo apuran los tiempos, al igual que a los opositores, algunos de los cuales han salido a cuestionar con munición gruesa el planteo de inconstitucionalidad que interpuso Fernando Juri en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Que haya sido Juri el elegido por un plenario de autoridades del PJ para llevar adelante la acción judicial conlleva todo un mensaje de unidad hacia los peronistas, al margen de que en la Casa de Gobierno confían en que saldrá un fallo favorable a sus pretensiones en pocos días.

Hay radicales que estarían pensando en impulsar una acción de amparo en defensa de la Constitución de manera individual, molestos por la falta de reacción de los partidos que conforman Juntos por el Cambio, ya que no han salido a expresarse como estructuras, más allá de algunas voces aisladas como la del legislador Walter Berarducci (PJS), que sostuvo que el oficialismo viola la Constitución que impuso en 2006. Lo cierto es que el PJ introdujo cuestiones electorales en el texto constitucional tres años antes de que el kirchnerismo impulsara la creación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Años después la realidad electoral nacional vino a “complicar” los intereses de los compañeros.

La ley 26.571, de las PASO, fija en el artículo 20 que esos comicios deben efectuarse el segundo domingo de agosto del año de las generales, el mismo mes en que debe hacerse la votación para elegir las autoridades provinciales. Razones políticas no le faltan al Gobierno para no querer tener dos comicios próximos, menos uno donde -por ahora- todo indica que le va a ir mal al poder central. Entonces, nada de coletazos nacionales en la elección tucumana, y menos que menos unificarlas.

Así, la Carta Magna vino a convertirse en un óbice a las aspiraciones de continuidad en el poder del PJ frente al escenario nacional que se le pinta adverso al Frente de Todos, por lo que no debería sorprender que los ideólogos de la maniobra pergeñasen el adelantamiento de los comicios y el recurso judicial que lo habilitaría.

La medida tiene efectos colaterales tanto para Manzur como para la dirigencia opositora, principalmente la de Juntos por el Cambio. Por el momento, sus dos principales candidatos a gobernador, el diputado Roberto Sánchez (UCR) y el intendente Germán Alfaro (PJS) sostienen sus aspiraciones con dos estrategias diferenciadas; el radical cuestionando duramente al Gobierno nacional y el jefe municipal capitalino apuntalando su gestión basada en obras. También aspira a que lo plebisciten el año que viene.

El drama político de Juntos por el Cambio es cómo fortalecerse con una fórmula gubernamental sin atravesar una interna que siembre heridos y que provoque una fractura que los debilite como opción electoral y de poder. Por el momento, el oficialismo está haciendo todo lo posible para llegar en mejores condiciones a los comicios -la fórmula Jaldo-Manzur va en esa línea-, lo que no se observa en la trinchera opositora, donde se miran con desconfianza.

Una idea que puede fracturar al PJ

Sin embargo, hay una situación que puede meter una cuña en el oficialismo y provocar algún cimbronazo interno. Se trata del proyecto para que se elijan legisladores por departamentos, respetando las secciones electorales pero teniendo en cuenta la población de cada localidad para establecer las representaciones. Ya hay una iniciativa en ese sentido en la Legislatura con las firmas de Juan Orellena y de Jorge Delgadino: subdivide en circuitos electorales a la Capital según dos circunscripciones, norte y sur, y determina la cantidad de legisladores que deberían elegirse por cada uno de los departamentos.

A algunos parlamentarios de San Miguel de Tucumán no les debe caer simpático que reduzcan su nivel de influencia a unos pocos circuitos y no a todo el territorio capitalino, como así tampoco a otros del interior que verían acotada su ascendencia a un espacio reducido de territorio, lo que limitaría las sociedades y fortalecería más a los intendentes que a los que hoy ocupan bancas. Otros se beneficiarán según las estructuras y al territorio que políticamente manejen. En la Cámara ya se comenta quiénes serían los posibles perjudicados, así como los posibles beneficiados.

Además, en el Ejecutivo se estaría evaluando la conveniencia de acompañar la propuesta de los oficialistas con un proyecto propio, así como la inconveniencia de introducir un debate electoral de estas características ya que podría generar desavenencias internas, justamente cuando se está buscando consolidar al PJ de cara a los comicios. Si a unos beneficia y a otros perjudica, la grieta es segura.

La representación proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes es una buena razón para impulsar una norma de estas características, especialmente cuando hay localidades que no están representadas en la Legislatura o bien están representadas por una persona que ni siquiera vive en ese pueblo. Sin embargo, cuando se trata de iniciativas electorales promovidas desde el peronismo, hay que mirar con lupa las propuestas. Lo mismo que sucedió con el sistema de acople, que quedó incorporado como régimen electoral en la propia Constitución. El PJ, hasta ahora, le vino sacando mejor provecho al sistema de colectoras. Pero allí había un destinatario común que se beneficiaba con la sumatoria de votos y por la que todos trabajaban desde cada espacio o partido: la fórmula gubernamental.

El proyecto de elección por departamentos, si bien contiene argumentos de peso vinculados a la representatividad parlamentaria, puede tensionar al oficialismo si es que se avanza en el debate, algo que puede resultar inconveniente frente a la intención de adelantar los tiempos electorales. Habrá que aguardar y ver qué señales surgen desde la Casa de Gobierno respecto de la elección por circuitos electorales capitalinos y por departamentos en el interior. Lo que suceda finalmente será para realizar un nuevo análisis sobre los intereses que prevalecieron.

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