La inseguridad tira del carro de los tres poderes

“Vamos a hacer las remodelaciones que sean necesarias en el penal de Villa Urquiza. Lo que sí podemos asegurar es que no habrá más detenidos en comisarías”.

“Tenemos 1.500 presos en comisarías, y las comisarías no son para tener presos, sino para prestar servicios a la comunidad. Pero, por no tener espacio en Villa Urquiza, lamentablemente tenemos que usar las comisarías y afectar el personal. Pero no están preparadas para eso, corremos riesgo de fuga”.

Las dos sentencias tienen un denominador común: la crisis carcelaria en Tucumán. Y hay dos diferencias fundamentales. La primera frase la dijo el comisario general ® Luis Fabián Rodríguez Quiroga, el primer jefe de Policía de la gobernación que en octubre de 1995 comenzó Antonio Domingo Bussi. La segunda frase la dijo el lunes el contador Osvaldo Jaldo, gobernador interino de Tucumán. Entre una y otra pasaron 26 años. ¿Qué se hizo para solucionar esa crisis? Nada. Eso también es parte, y muy importante, de la inseguridad que les cuesta vidas a los tucumanos.

En su momento, Rodríguez Quiroga, hombre de la dictadura al igual que lo fue Bussi, debió dejar su cargo cuando aseguró que si hubiera sido por él salía a meterles bala a los delincuentes “pero que los de los Derechos Humanos se me van a venir encima”. Fue después de que en un tiroteo con la Policía muriera el famoso asaltante “Geniol” Rodríguez. Bajo su mando la Jefatura de Policía pasó a ocupar su actual emplazamiento, en terrenos que eran del Regimiento 19 de Infantería, luego de abandonar el edificio de avenida Sarmiento y Junín. Ya en 1996, y con Roberto Véliz como jefe de Policía, se anunció que en el mismo predio que tenía la Jefatura se construirían dos alcaidías para albergar a procesados y a contraventores. Nunca se puso un ladrillo en ese lugar. Y la crisis ya estaba presente.

La cárcel de Villa Urquiza se inauguró en 1927. En cinco años llegará al centenio. Hoy está abarrotada y es un foco de conflicto permanente. Cada vez que en Tribunales se ordena al traslado de un detenido desde una comisaría hasta la cárcel la respuesta es la misma: “no hay lugar”. Por eso Jaldo puso el grito en el cielo el lunes, durante un acto para el lanzamiento de un programa de seguridad: “voy a estar tranquilo cuando los presos que tengan sentencia estén en las cárceles. Las comisarías no son seguras (para alojar detenidos), y entiendo que tenemos que seguir tomando medidas como las que estamos tomando”, indicó. Hacía referencia sobre todo al caso de Cristian Emanuel González, de 30 años -detenido y acusado por el homicidio del cadete Guillermo Sahad-, quien, a pesar de tener al menos otros siete procesos judiciales abiertos, estaba en libertad y en esa condición fue que, según los investigadores, asaltó y mató a la víctima. Ese es un debate pendiente que debe darse entre poderes: ¿por qué hay tantos delincuentes que, aún con antecedentes y causas pendientes, recuperan su libertad? Muchos de ellos reinciden. Se dirá que no tienen condenas firmes, o que el tenor de los delitos que cometen no habilita una prisión preventiva, pero hay mecanismos legales para que, si hay condenas, no estén en la calle, y si se acumulan las causas se pueda dictar una restricción. El cambio del Código Procesal Penal apuntaba a eso, pero a pesar de que sí hay resoluciones más rápidas que antes de la modificación, esto no hizo que descendiera la reincidencia. Es donde apuntó Jaldo con sus críticas y el destinatario parecía estar cerca de él en el acto del lunes: el ministro fiscal Edmundo Jiménez, el mismo que se oponía a la ley de Narcomenudeo y por lo que el gobernador interino debió accionar en Tribunales para que finalmente terminara dándose luz verde a la norma.

Hoy hay en Tucumán más de 3.000 detenidos: 1.431 están alojados en Villa Urquiza, en el penal de Concepción y en la cárcel de mujeres. El resto, en comisarías. Así es imposible evitar fugas, además del hacinamiento que ya fue objeto de un hábeas corpus presentado por dos fiscales en 2015 a raíz del cual la Corte ordenó medidas urgentes que tampoco se llevaron a cabo. Ahora está la promesa de una cárcel nueva para 900 detenidos en Benjamín Paz, y dos alcaidías en Banda del Río Salí y Las Talitas. El proyecto es empujado contra viento y marea por Jaldo, que se puso al hombro la tarea de supervisar la seguridad en la provincia. Se lo hace saber a quienes lo escuchen: es su prioridad. Y por eso le exige resultados al ministro Eugenio Agüero Gamboa. Cuando fue lo del cadete, la respuesta del funcionario fue que González ya había estado detenido y que la Justicia le había otorgado la libertad, por lo que el gobernador salió con los tapones de punta. Y dejó un mensaje entre líneas: se hará cargo de lo que le corresponde dentro de las facultades del Ejecutivo, pero dejará bien claro que cuando el problema nazca en el seno del Judicial, lo hará saber. Jaldo incluso apuesta a lo mismo que sus antecesores: más policías (ayer anunció la incorporación de 415), más vehículos y más cámaras. Mientras el plan de Seguridad se sustente únicamente en logística será difícil combatir a la delincuencia. Está visto que hasta aquí el viejo, aunque remozado, plan de vigilancia por cuadrantes no está dando resultados sobre todo en la prevención, lo que más se reclama a la hora de hablar de seguridad.

Mientras tanto, en la Legislatura no parecen estar tan preocupados. La comisión de Seguridad que, entre otros asuntos, debe monitorear la Emergencia en Seguridad que ellos mismos votaron, estuvo tres meses acéfala y sin funcionar. Hasta ayer, cuando eligieron un nuevo presidente. Si cada uno no hace lo que tiene que hacer para combatir el mayor flagelo de los tucumanos, podremos avizorar los titulares del diario dentro de un cuarto de siglo: “Pasaron 25 años y todo sigue igual”. Como con la cárcel y sus detenidos.