Urribarri apela el fallo que lo condena a ocho años de cárcel y lo inhabilita para cargos públicos

Urribarri apela el fallo que lo condena a ocho años de cárcel y lo inhabilita para cargos públicos

La sentencia "es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho", aseveró el exgobernador de Entre Ríos.

EMBAJADOR EN ISRAEL Y CHIPRE. Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. foto de Twitter @SergioUrribarri EMBAJADOR EN ISRAEL Y CHIPRE. Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. foto de Twitter @SergioUrribarri
08 Abril 2022

El embajador en Israel y en Chipre, Sergio Urribarri, renunció ayer a su cargo tras ser condenado a ocho años de prisión por hechos de corrupción. Este viernes, sin embargo, se supo que el ahora exgobernador de Entre Ríos decidió apelar el fallo, que además dispone su inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos.

"El fallo de primera instancia es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente (Alberto Fernández) mi renuncia como embajador", indicó Urribarri a través de sus redes sociales.

Según las versiones, el jefe de Estado habría resuelto aceptar la dimisión elevada por el entrerriano; de todos modos, no trascendió el nombre del funcionario que lo sucedería en el cargo.

Urribarri fue hallado culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y de peculado. A raíz de ello, el tribunal integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo condenó a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos.

Durante el proceso al que fue sometido se puso la lupa sobre las decisiones que Urribarri había tomado durante el período que va de 2010 a 2015, cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, dentro de las filas del kirchnerismo.

Debido al monto de la pena, el ex gobernador debe apelar el fallo ante la Cámara de Casación de esa provincia para evitar ir a prisión.

En el juicio, además, fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Aguilera es cuñado del ex mandatario de Entre Ríos. Se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, debido a que, además de haber sido funcionario, es dueño de las imprentas a la cual se habían girado los trabajos financiados con dinero público; pero también por haber sido parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.

Bajo el expediente que se titula con el apellido del ex gobernador entrerriano y que concentró cinco causas por diversas irregularidades, fueron juzgadas otras 11 personas, además de Urribarri, Báez y Aguilera. Según precisa una nota de La Nación, la Justicia endilgó distintas acciones a nueve de los 14 procesados y absolvió a los restantes, entre los que se cuenta el ex ministro de Turismo Hugo Marsó.

La parte del veredicto leída el jueves estuvo centrada en responder cada una de las nulidades planteadas por los abogados defensores. Como consecuencia de los rechazos a los planteos se dio por aceptado como prueba un disco rígido externo que apareció en la terraza de una vivienda particular, lindante a una de las imprentas cuestionadas, mientras se llevaba adelante un allanamiento en esa empresa de la capital de Entre Ríos, por lo que se interpretó que fue arrojado desde el interior de la sede, por medio de un ventiluz.

En ese disco rígido aparecieron elementos comprometedores para la situación de las personas enjuiciadas, como es el esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, según se dijo en el juicio y se repitió en el adelanto de sentencia.

Según la publicación periodística, el proceso judicial concentró diversos hechos imputados, cada uno de ellos bajo un título identificatorio, como “El sueño entrerriano” -el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, en 2015-, o “Causa del Mercosur”, que centró su atención en contrataciones por $ 28,4 millones para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014: según la Justicia, parte de esos fondos se destinaron a financiar la campaña política de Urribarri.

El juicio había comenzado en septiembre del año pasado y se extendió por casi 50 audiencias.

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