08 Abril 2022
LIMA, Perú.- El gobierno de Perú ordenó a sus fuerzas armadas que supervisen las carreteras del país durante el próximo mes, en medio de las paralizantes protestas que se viven en todo el país por el aumento de los precios de los alimentos y el combustible.
El país lleva 10 días afectado por bloqueos de rutas, en un estallido de ira por el alza de los costos, disparados desde la invasión rusa a Ucrania. Perú se enfrenta a su mayor tasa de inflación en un cuarto de siglo.
El presidente, Pedro Castillo, se ha esforzado por encontrar soluciones. Declaró el toque de queda en Lima para intentar sofocar la disidencia, pero fue desafiado por miles de personas que salieron a la calle en protestas que se volvieron violentas.
El Gobierno recortó impuestos sobre el combustible, aumentó el salario mínimo y propuso eximir del impuesto sobre las ventas a los alimentos esenciales.
Castillo, que fue campesino y maestro rural antes de asumir el cargo, enfrenta una situación política precaria. Sus índices de aprobación cayeron al 19%, un mínimo histórico según una encuesta de Datum. Recientemente sobrevivió a un segundo intento de destitución en menos de un año.
El paro nacional del transporte entró ayer en su décimo día, con numerosos puestos de bloqueo en las rutas del sur del país y violentas protestas en diversas zonas que ya causaron al menos seis muertos, el último de ellos el miércoles, y varios heridos, según la prensa local.
Los choques entre los manifestantes, que forman parte de los sectores del transporte y de la agricultura, y la policía, fueron particularmente duros en Lima y en el puerto de El Callao.
El diario peruano “La República” informó que la última de las víctimas fatales de la violencia fue Yhoni Quinto Contreras, que murió a ser alcanzado por una bala perdida en la cabeza.
En Huancayo, departamento de Junín, una de las zonas donde más intensas son las protestas, el presidente se preparaba para presidir una reunión del Consejo de Ministros. Los manifestantes piden medidas de contención del aumento del precio de combustibles y alimentos.
La Fiscalía anunció la apertura de una investigación para esclarecer la muerte de tres personas en las provincias de Jauja y Concepción durante las protestas ciudadanas registradas entre el 28 de marzo y el 2 de abril. La muerte del menor cuyo cuerpo fue hallado en las aguas del río Yacus, en el distrito de Ataura, en la provincia de Jauja, será investigada por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa.
También señaló que la muerte de la profesora Candy Magaly Hinostroza de la Cruz, quien el 28 de marzo habría sido atropellada a la altura del Puente Las Balsas, en Concepción, correrá a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta zona.
“El ciudadano Jorge Maldonado Landeo, de 82 de años, del distrito de Huaripampa (Jauja), habría fallecido -el fin de semana pasado- por no haber recibido tratamiento en un hospital de Huancayo”, precisó.
Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía peruana provocaron cargas policiales, así como la dispersión de la multitud con gases lacrimógenos en Huancayo, donde se registraron, saqueos y destrozos de mobiliario urbano. (Reuters-Especial)
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