BUENOS AIRES.- Por primera vez desde que asumió el poder, Eduardo Duhalde ha dispuesto una acción conjunta de todas las áreas de Gobierno que deben atender los problemas de seguridad pública en el marco de la legalidad, tratando de enfrentar al caos impune que castiga al área metropolitana y llega hasta las puertas de la Casa Rosada. La decisión presidencial se produjo a partir de una advertencia del ministro Roberto Lavagna sobre la pésima impresión que tuvieron a su llegada los actuales delegados del Fondo Monetario -recibidos con abucheos frente al hotel-, indicativo del escaso control que ejerce el Gobierno sobre la realidad cotidiana del país. El tema, pues, se convierte así en otro motivo de preocupación con incidencia en las negociaciones y que ya habían señalado algunos gobernadores en la reunión de La Pampa con Duhalde. Tras aquella decisión presidencial, el jefe del Gabinete, Alfredo Atanasof, y la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, han estrenado un severo mensaje de advertencia a los sectores de piqueteros que encabezan Juan Carlos Alderete y Luis D?Elía, que contrasta con el discurso tolerante que aceptaba lo que ahora califican como "ultraje a los derechos de quienes desean trabajar y no pueden, por impedírseles circular libremente".
Herramientas
En la reacción del Gobierno ha tenido también intervención el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien no contó hasta ahora con un auxilio adecuado de los medios nacionales de seguridad. Esa lenidad frente a los que Solá califica de "dueños de las rutas y calles", está permitiendo también -en su opinión- que los líderes piqueteros se valgan de ella para escalar posiciones en una carrera política y sindical que copa las herramientas mediáticas montadas en el populismo. El gobernador bonaerense no ha sido el único mandatario provincial inquieto por esa aparente indiferencia del poder central, temeroso de provocar conflictos de acción directa y agravar el perfil de la crisis. También los de Córdoba, Salta y Santa Fe se lo hicieron saber a Duhalde en aquella ocasión, aunque sin mayor respuesta concreta hasta el nuevo discurso oficial. Parecidas quejas escuchó su esposa, "Chiche", durante su reciente gira por el interior.
Molesto modelo
La provincia de Santiago del Estero, indiscutible feudo político del peronista histórico Carlos Juárez y su esposa, Mercedes Aragonés, no tiene más allá de sus límites territoriales una imagen favorable, inclusive en el poder central y en el propio justicialismo nacional. Se acusa en ese sentido a la gestión de Juárez -heredada actualmente por Carlos Díaz- una suerte de "dictablanda" que le permitió controlar los resortes fundamentales, pero mucho indica que poco le importa a la familia política santiagueña más prominente esa visión censora con que se la observa. Motivos hay para esa indiferencia, y dos de ellos se han conocido en los últimos días. El Gobierno local no sólo ha conseguido renegociar en bonos la deuda externa provincial hasta 2016, contraída durante la intervención federal de 1993/95, convirtiéndose así en una excepción de la crisis, sino que el Banco de Santiago del Estero acaba de anunciar que comenzará a devolver los depósitos bloqueados el martes próximo, otra exclusividad llamativa en el oscuro panorama financiero nacional. (De nuestra Sucursal))
