La protesta municipal

Como es por todos conocido, el gremio de los municipales de San Miguel de Tucumán ha resuelto hacer sentir su protesta salarial a través de una serie de medidas violentas, que incluyen desde el corte del tránsito en todo el centro hasta el denominado "escrache" en el domicilio particular del intendente. Sus dirigentes han expresado, a través de los medios, amenazas sobre las cuales es preciso hacer un comentario.
Obviamente, la falta de pago de haberes crea, en quienes la sufren, una situación de angustia y de enojo, cuya expresión resulta plenamente comprensible.
La protesta callejera, entonces, tiene un justificativo que nadie puede discutir, y quienes la formulan hacen uso del derecho que todo ciudadano tiene de exhibir su desacuerdo respecto de situaciones que entiende perjudiciales.
Pero, en un estado democrático, no puede admitirse que la referida queja se traduzca en perjuicios a los igualmente respetables derechos de los terceros, ni al orden general de la ciudad. Y mucho menos que tenga como secuela hechos de vandalismo contra edificios o elementos de la vía pública, o de agresión verbal o física contra las personas.
No puede lícitamente, el gremio municipal, anunciar su propósito de "tomar el centro", porque ello excede totalmente lo que significa una queja para transformarse en una actitud antisocial que el poder público no debe permitir bajo ninguna circunstancia.
Todos conocemos y sufrimos, en diversas medidas y ámbitos, las consecuencias sociales de la actual situación de quebranto de las finanzas públicas. Es ponerse fuera de la realidad pensar que el Estado puede cumplir normalmente con sus compromisos salariales, en esta particular etapa que atraviesa el país. Por el contrario, los atrasos en los pagos son algo inevitable y no constituyen solamente un problema de Tucumán, sino de prácticamente todos los puntos de la Argentina.
La protesta no puede obtener un cambio en el deprimente panorama al que estamos enfrentados. Por ello, no es la vía para lograr resultados, y sí para trastornar aún más la existencia cotidiana de la ciudadanía; lo cual no puede considerarse justo, ya que no es el vecindario quien tiene la culpa del problema de los empleados del municipio.
El Estado Provincial, por otro lado, no puede desentenderse de la cuestión municipal, puesto que sus derivaciones nos afectan a todos. Corresponde, entonces, que una sus esfuerzos a los de la Comuna para buscar una manera de paliar siquiera la situación actual. Ello además, y simultáneamente, de tomar todas las medidas enderezadas a evitar que las manifestaciones municipales traigan caos y daños a la población de San Miguel de Tucumán.
Porque, repetimos, si la queja es justificada y comprensible, de modo alguno lo son los excesos que en nombre de ella se cometan. No es ocioso recordar que la violencia carece de poder germinativo, ya que su único saldo final es más de lo mismo. El diálogo civilizado y realista entre las partes en conflicto ha sido, desde siempre, el camino que puede llevar a resultados positivos.
La actualidad es ya suficientemente conflictiva como para que se le sigan agregando elementos que potencien todavía, si cabe, sus muchas y amplias dificultades. Es del caso llamar a la reflexión a quienes preconizan vías agresivas, para evitar que ellas nos acarreen problemas aún mayores.Esto no quiere decir que las autoridades municipales y las provinciales no deban movilizar todo su esfuerzo en la búsqueda de una salida a la presente situación.
Deben, sin duda, abocarse a ello resueltamente. Pero no pueden tolerarse los desmanes ni las vías de hecho, que constituyen actos delictivos y que desde ningún punto de vista resultan razonables.