19 Marzo 2022
Rosendo Fraga
Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría
La sanción definitiva de la ley que da vigencia al acuerdo con el FMI es un logro importante de Alberto Fernández en términos de gobernabilidad. Ahora sólo queda por delante la confirmación por parte del directorio del Fondo Monetario, la que tendría lugar el martes 22 de marzo. El hecho pone de manifiesto cómo la clase política argentina, pese a sus defectos, frente al “precipicio” toma la decisión política correcta. La argumentación tanto de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como la de Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, de que sin el acuerdo se produciría una “catástrofe”, es una manifestación clara de esta actitud. La oposición, en su casi totalidad, votó positivamente, haciendo viable la aprobación del acuerdo. La realidad es que en Diputados, los votos favorables de Juntos por el Cambio fueron 116, y los del Frente de Todos solamente 77. En el Senado sucedió otro tanto: votaron favorablemente 30 senadores de la oposición y sólo 22 del oficialismo. Los votos a favor del acuerdo fueron contundentes: 193 en Diputados y 52 en el Senado. Más allá de la aprobación, el número de votos favorables da una idea del amplio acuerdo alcanzado. Si el FMI requería una señal política clara, esta se dio. Pero la ley aprobada en realidad, si bien evita el default, no resuelve los problemas básicos de la economía argentina. Que simultáneamente se informara que en febrero la inflación mensual fue del 4,7% -la más alta de América Latina, incluida Venezuela- y que la canasta básica alimentaria -que define la situación de indigencia y pobreza extrema-, muestran la magnitud del problema socioeconómico del país.
Pero en términos de gobernabilidad futura, la división del oficialismo genera dudas sobre su mantenimiento en el año y medio de gobierno que resta Alberto Fernández. La votación mostró un oficialismo dividido como nunca desde que se inició el Gobierno el 10 de diciembre de 2019. El peronismo registra antecedentes de divisiones parlamentarias cuando es oficialismo, como los que tuvieron lugar en los años setenta, cuando gobernaba María Estela Martínez de Perón, y a fines de los ochenta, cuando gobernaba Carlos Menem. Pero en ambos casos, los “rebeldes” no llegaban al 10% de la bancada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017 el bloque de senadores justicialistas también se dividió. Dos tercios constituyeron el bloque “peronismo federal”, que negociaba con el Gobierno y permitió su gobernabilidad, y el tercio restante, que quedó bajo el liderazgo de la actual Vicepresidenta. Puesto en estos términos, la actual división del oficialismo es la más importante que ha tenido lugar en el peronismo siendo gobierno desde que irrumpió en la vida política argentina en 1945. Por esta razón, mientras en la Casa Rosada hay quienes ven la votación como una victoria, el Presidente percibe los riesgos de ingobernabilidad que surgen si la división se transforma en ruptura. Es decir, que los bloques se dividan en ambas Cámaras. En esa situación, un acuerdo de oficialismo y oposición podrá ser un recurso de emergencia, pero no un sistema para la gobernabilidad. Es que en Juntos por el Cambio predomina la posición de que crecen sus posibilidades de llegar al poder en 2023 y por esta razón no quieren compartir el costo político de las medidas de gobierno.
La aprobación del acuerdo con el FMI por el Congreso evitó una crisis de gobernabilidad, pero mantenerla no será fácil.
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