La Corte Suprema de la Nación confirmó la condena por abuso contra un ex funcionario de la provincia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó de manera definitiva la pena de diez años de prisión impuesta al arquitecto Guillermo Ernesto “Memo” Gray, un ex funcionario de Tucumán durante la gestión de José Alperovich, por el delito de abuso sexual agravado contra su nieto, quien era menor de edad en el momento de los hechos. Esta decisión se concretó al rechazar por incumplimientos formales la presentación de la defensa del condenado, dejando así firme el fallo que lo encontró culpable de abusar sexualmente del niño cuando este tenía entre tres y cuatro años.

Gray, quien entre otros cargos se desempeñó como director de Obras Públicas de Tafí del Valle, fue denunciado por hechos que habrían ocurrido en el año 2014 e implicaron tocamientos deshonestos de índole sexual en repetidas ocasiones, según el testimonio brindado por el menor en Cámara Gesell.

El proceso judicial tomó como elementos probatorios fundamentales las declaraciones de los médicos que asistieron a la víctima, quienes confirmaron la existencia de lesiones compatibles con el abuso, y los informes de peritos psicológicos que certificaron síntomas consistentes con el delito.

El juicio, llevado a cabo por la Cámara Penal Conclusional del Centro Judicial Capital, culminó en mayo de 2021 con la condena inicial de Gray a diez años de cárcel. El tribunal consideró agravantes cruciales el vínculo familiar del acusado como abuelo materno del niño y la preexistente relación de convivencia entre ellos. Además, el fallo sostuvo que el condenado se valió de su autoridad de abuelo, impuesta por una superioridad física, y de presuntos maltratos o “correctivos” para ejercer el abuso.

A pesar de la sentencia condenatoria en primera instancia, la causa tuvo un revés significativo al año siguiente cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, mediante una decisión dividida, optó por anular la sentencia y el debate del juicio original. Esta anulación motivó a la fiscalía y a la propia víctima a interponer recursos ante la Corte Suprema de la Nación, el máximo tribunal del país, en una instancia superior que buscaba restablecer la condena.

Nueva resolución

En el año 2023, la Corte Suprema de la Nación, tras escuchar a la Procuración General, se pronunció a favor de los recursos de la querella y la fiscalía, y por mayoría, dejó sin efecto la decisión de la Corte tucumana. En su dictamen, la Corte nacional exhortó a los jueces a realizar un nuevo juicio de forma urgente, evitando demoras indebidas y cualquier medida revictimizante que pudiera afectar la salud psicofísica y emocional del niño víctima. Sin embargo, también se señaló que el tribunal local había omitido aplicar el principio del interés superior del niño, un deber que compete a todo tribunal del país y que no había sido considerado en su resolución.

La intervención de la Corte Suprema de la Nación obligó a una nueva revisión por parte del máximo tribunal de Tucumán, el cual, en 2024, finalmente confirmó la sentencia condenatoria de diez años de prisión. En esa ocasión, la Corte tucumana determinó que los elementos de cargo y de descargo habían sido correctamente evaluados durante el juicio original y que los argumentos presentados por la defensa del acusado debían ser descartados.

La defensa de Gray insistió, interponiendo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, donde cuestionó la intervención de los médicos y sugirió que el niño habría sido sesgado por su entrevistador.

Además, la defensa argumentó que, ante la existencia de una posible duda sobre la culpabilidad, se debería haber dictado la inocencia del imputado. No obstante, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación, basándose en incumplimientos formales con la acordada que regula los lineamientos para este tipo de presentaciones judiciales.

De esta forma, la condena de diez años de prisión para Gray quedó firme y con carácter de cosa juzgada. El proceso judicial, que transitó diversas instancias y apelaciones, concluyó con la ratificación de la pena por abuso sexual agravado, poniendo fin a una prolongada batalla legal que involucró a las máximas instancias judiciales del país. En el caso incluso intervino la embajada de Estados Unidos, ya que el padre de la víctima es de esa nacionalidad, quienes pidieron que la causa tuviera celeridad, lo que fue apoyado por la entonces canciller Diana Mondino.