Por Gustavo Rodríguez
18 Marzo 2022
NORMA. El exceso en una aprehensión civil puede derivar en delito.
Un juez procesó a un adolescente de 17 años por haber intentado cometer un robo y solicitó a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana que investigue la golpiza que recibió el acusado después de haber sido aprehendido por civiles en San Andrés.
El domingo, a las 18.20 aproximadamente, R.G.L y F.R.C caminaban por el barrio 470 Viviendas cuando fueron interceptados por dos motochorros. Uno de ellos se bajó de la moto en la que se desplazaba y, después de amenazarlos con un revólver calibre 22, pretendió apoderarse de sus celulares. El hombre se resistió y el asaltante gatilló dos veces el arma, pero no se produjeron disparos. Mientras tanto, la mujer salió corriendo para solicitar ayuda.
Los vecinos, al escuchar los gritos de la mujer, salieron a ver lo que sucedía. Los delincuentes huyeron al ver la reacción del vecindario. Uno de los habitantes se subió a su moto y, luego de una breve persecución, logró reducir a uno de los motochorros. En cuestión de minutos, una turba se abalanzó sobre D.N.A.G. y comenzaron a pegarle. Las víctimas del robo intentaron frenar la golpiza, pero sólo se detuvo cuando llegó un móvil policial para poner orden. El otro asaltante huyó.
La audiencia
En la audiencia, el auxiliar fiscal, Gabriel Veglia, el auxiliar del defensor oficial, Julio Galup, y la defensora de la Niñez, Ana Ricco Falú, coincidieron en señalar que había mediado un exceso por parte de los civiles al realizar la aprehensión del adolescente. Y llegaron a esa conclusión luego de haber observado las evidentes lesiones que tenía el acusado en su rostro.
El juez especializado en Niños, Niñas y Adolescencia (NNyA), Federico Moeykens, declaró legal, pero ilegítima la aprehensión. “Los particulares sí pueden detener en flagrancia, pero no pueden excederse en la violencia”, explicó en su fallo.
El artículo 233, inciso I del código procesal penal establece que los particulares están autorizados a practicar la aprehensión. Las llamadas “aprehensiones civiles” están permitidas cuando el delito se comete en flagrancia,es decir, cuando el ladrón ha sido sorprendido en plena ejecución o intenta escapar. Según la norma se debe llamar a la Policía, que pondrá al sospechoso a disposición de la Justicia. Los ciudadanos jamás deben trasladar al detenido a una comisaría. Simplemente, pueden retenerlo hasta que arribe el patrullero.
La normativa habilita un uso justificado de la fuerza para aprehender y retener a una persona. La violencia no puede ser más excesiva que la necesaria para detener al sospechoso. Se debe evitar que la aprehensión se convierta en un intento de linchamiento, ya que eso constituye un delito por parte de quien lo ejecuta. “Todo puede derivar en lesiones y hasta en una causa por homicidio”, señaló un funcionario judicial.
El magistrado agregó: “es normal que un ladrón apresado por civiles se resista, incluso golpee y pretenda huir. La normativa expresa que cuando la resistencia del sospechoso está terminada, concluye entonces la fuerza ejercida por el vecino. Si el ladrón ya no se resiste, no se puede aplicar más violencia sobre él”.
“El exceso durante una aprehensión particular puede derivar en un delito. Se puede privar al ladrón de su libertad, pero sin incurrir en un ilícito. Hay que poner al aprehendido a disposición inmediata de la autoridad y no excederse en la fuerza necesaria”, enfatizó.
Moeykens hizo lugar a lo solicitado por el MPF y dispuso que el adolescente sea trasladado al Instituto Roca por el plazo de 15 días a los fines de no entorpecer la investigación penal, ya que el cómplice se había fugado. También exhortó a las partes a encontrar una solución alternativa porque el adolescente no tenía antecedentes penales y es padre de una niña de dos años.
Otro caso: un juez pidió que atendieran a un imputado que llegó a la audiencia sangrando
La audiencia se inició con normalidad, pero se detuvo cuando el juez Dante Ibáñez descubrió que el imputado estaba sangrando. El magistrado le preguntó si estaba herido y el acusado de robo le dijo que sí. Luego le preguntó cuándo y cómo había sido lesionado y el detenido le dijo que esas eran las consecuencias de la golpiza que había recibido por parte de los vecinos que lo apresaron. Al confirmar que el personal policial no lo había hecho atender porque no tenían orden judicial, Ibáñez reprendió al efectivo que le contestó y detuvo la audiencia hasta que el acusado recibiera asistencia.
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