Por la sequía, ingresarían menos dólares por exportaciones del agro

La sequía no sólo golpeará al agro, sino también a las cuentas públicas. De acuerdo con las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de maíz para este año, que se estimaba en 56 millones de Toneladas, ahora bajaron a 48 millones (ajuste del 14%). Mientras que para la soja las estimaciones de producción bajaron de 45 millones de toneladas se redujeron a 40 millones (baja del 12%). En total, una disminución de 13 millones de toneladas.

Con las previsiones actuales, se perderían unos U$S 4.800 millones de producción, equivalente a cerca de 1% del PBI nacional. En tanto que las exportaciones de cereales y oleaginosas caerían en U$S 2.600 millones, -10% respecto a los niveles alcanzados en 2021, de acuerdo con un reporte elaborado por la Fundación Libertad y Progreso.

Además, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina es el país que menos apoya al sector en el mundo, inclusive perjudicándolo. En 2020, el apoyo gubernamental total al sector agrícola fue de -2,1% del PBI. Mientras que en el promedio de países de la OCDE fue de +0,6% del Producto. En otros países de la región también fue positivo: Brasil, +3,3% del PBI, y Chile, +2,5%.

Según el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, cuando se analizan los principales cultivos, soja y cereales, se observa que el Estado recauda más del 60% de la renta agrícola. "Con el esquema impositivo y regulatorio actual el sector público se posiciona como un socio en las ganancias, y como un salvavidas de plomo en los momentos difíciles”, remarca.

En medio de lo que es una verdadera emergencia para el sector agrícola, la política pública debería avanzar de manera decidida, indica por su parte, el economista Diego Piccardo. "En el pasado se ha declarado la emergencia agropecuaria y se han facilitado préstamos a tasa blanda a los productores. Este no es el camino. Hay que avanzar en medidas que den un alivio genuino al sector privado, reduciendo y eliminando los derechos de exportación, y también levantando las barreras cuantitativas a la exportación”, sugiere.

En oposición de casi todos los países, los productores agrícolas argentinos enfrentan impuestos directos e indirectos que deprimen los precios que reciben y les restan rentabilidad. Destacan las retenciones, que alcanzan alícuotas de más de 30%, y generan un sesgo anti-exportador y anti-productor. A esto hay que sumarle medidas de restricción cuantitativa a las exportaciones, como las que vimos recientemente para la carne bovina.

“El cepo implica una retención cambiaria a todos los que exportan, que es la diferencia entre lo que recibe el productor al tipo de cambio mayorista del Banco Central y lo que le costaría recomprar esa misma cantidad de divisas en el mercado paralelo financiero. Hoy esa retención se acerca a la mitad del valor exportado”, expresa Aldo Abram, director de la Fundación. “Muchas veces se dice que lo que pierde el sector agropecuario por las retenciones es sólo lo que recauda el gobierno, pero en realidad la pérdida es mucho mayor. El productor puede vender al exterior al precio internacional menos las distintas retenciones, por lo que a los compradores locales también les venderá a dicho precio. Si sumamos el impuesto a la exportación con la quita cambiaria, hoy los productores agropecuarios reciben alrededor del 35% de lo que verdaderamente vale su producto. El resto se lo quedan el Gobierno, a través de una mayor recaudación, y los demandantes locales, por la parte vendida para ser usada en Argentina. Lisa y llanamente una confiscación”, señala el economista.

La situación actual no es novedosa. El apoyo al sector agrícola ha sido negativo desde comienzos de 2002, cuando se impusieron derechos de exportación al sector en medio de la emergencia económica. Como la gran mayoría de los impuestos en Argentina, 20 años después el tributo de emergencia sigue en vigor, incluso con alícuotas más altas.

"No debemos apuntar a tener un esquema que subsidie al sector agrícola. Simplemente hay que establecer esquemas impositivos y regulatorios razonables, que den incentivos a la inversión y el crecimiento, sin castigar a los productores", finaliza Abram.