En Tucumán hay más pobres que bolsones. Más que una diferencia matemática es una ecuación conflictiva, tanto en términos sociales como políticos. No se descubre nada, ya que las carencias son siempre más que las soluciones. Los programas sociales nunca alcanzan a cubrir tanta miseria. Si la Nación aporta menos de cien mil puestos o vales alimentarios y en la Provincia hay más de 400.000 habitantes bajo la línea de subsistencia, huelgan las palabras.
Sólo cabe analizar cómo y para qué el Poder Ejecutivo trata de atenuar los efectos políticos de la crisis económica y social y cómo otros explotan esta situación para reforzar sus exigencia sectoriales. Desde el PE se observa con más preocupación que la plaza Independencia es ocupada por gente sin trabajo y que el descontento sindical también es mayor.
Mientras se atendía por una ventanilla a los desocupados que reclamaban subsidios y bolsones de alimentos y se dialogaba, por otra, con los dirigentes sindicales, la situación no traumatizó al mirandismo, acostumbrado a manejarse en ambos ámbitos con destreza. La paz social es a lo que siempre se apuntó desde el Gobierno, atendiendo a que cualquier proyecto político futuro -reforma constitucional y reelección- sólo podía sortearse con éxito en un clima de tranquilidad pública. Hoy, eso es precisamente lo que peligra.Ayer los municipales de la capital no titubearon en afirmar que se expresarían violentamente por la falta de pago de sus sueldos (y van a la Casa de Gobierno a vociferarlo). Hoy, tres organizaciones sindicales que nunca antes habían transitado un camino conjunto -"unidad en la acción", que le dicen- resolvieron unificar su protesta contra el PE: la CGT Regional, de Miguel Brito y de Daniel Acosta; la CTA, de Martín Rodríguez y de César Zelarayán, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Vicente Ruiz. (La CGT Sarmiento, de Hugo Gacioppo y de Jesús Pellasio, no se sumó, pero tomó distancia del Gobierno). El arco opositor sindical es amplio, tanto como los nucleamientos de desocupados que se multiplican y que golpean la puerta del edificio gubernamental por ayuda.
Si las demandas gremiales pasan por un aumento salarial y pago en efectivo y si los reclamos de los desocupados pasan por subsidios y bolsones con mercadería, en el horizonte del Gobierno sólo pueden verse negros nubarrones. Es que es una utopía hablar de otorgar una mejora salarial o de abonar los sueldos en efectivo. Si los gremios insisten en ese pedido, la protesta, los paros y los cortes de ruta serán una constante frente a la falta de respuesta.
En este punto cabe una observación; la CTA creó una mesa regional que nuclea a desocupados de la capital y la CCC trabaja con los que no tienen trabajo en el sur. Entre ambas entidades canalizan el descontento social que genera la creciente pobreza. Los gremios aportan la organización y las estructuras; los desocupados, el número. Frente a esa combinación, el PE no puede menos que inquietarse, porque a la luz de los hechos no se vislumbra que cesen las exigencias sindicales y que se puedan satisfacer las demandas sociales de los que nada poseen.
Todo pinta un panorama político oscuro para el mirandismo. Así se puede entender que el gobernador Julio Miranda haya pedido a sus colaboradores que atiendan la demanda social y que no trabajen por una candidatura. Es básico: si la crisis te arrastra, no hay postulante que se salve. Las organizaciones gremiales, con su plan de acción, van a fortalecerse, si no se envuelven en disputas internas, a veces fogoneadas externamente para dividir al sindicalismo.
Un dirigente estatal sintetizó en una frase el sustento numérico de la lucha social: "nunca van a alcanzar los bolsones para combatir la pobreza". Siempre habrá pobres, desocupados y trabajadores molestos para encauzarlos en una protesta organizada para presionar, exigir y hasta debilitar al poder de turno.
