Reforma política por goteo

Como un lento goteo, la reforma política avanza en el Congreso a despecho de las urgencias que la demandan. Pero aun así, no debe pensarse que las exigencias de la ciudadanía sobre sus alcances tengan suficiente acogida. Esto se advierte en los debates por etapas que van transcurriendo, donde surgen evidencias de que todavía hay algunos sectores resistentes a desprofesionalizar la política para oxigenar los cerrados ámbitos partidocráticos y liberar a los poderes públicos de compromisos y clientelismos que los mediatizan. Un nuevo testimonio de ello ha sido la reciente sanción por la Cámara de Diputados de la ley que reduce la duración de las campañas electorales a noventa días corridos, para presidente y vice y, a sesenta, las de legisladores. También se limitan los plazos de avisos publicitarios y, precisamente en esta cuestión, puede observarse la presencia de un viejo estilo de hacer política, en el que se confunden los intereses partidarios con los del Estado.
Durante las campañas electorales -dispone así el flamante texto reformador- "la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio en favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales". Esa limitación temporal excluye tácitamente la prohibición de que las dependencias estatales publiciten decisiones oficiales, fuera de tal plazo, asociándolas a determinados funcionarios o partidos.
Se trata de una actitud legislativa que pareciera haberse generado en el subconsciente de la mayoría después de tantos años -o décadas- de que ciertos actos y decisiones, más que el refrendo del Estado, lleven nombres y apellidos o identificaciones partidarias de permanente utilidad electoralista.
La politización -o sectorización- de los hechos de gobierno financiados con recursos públicos que son de la sociedad en su conjunto, constituye igualmente un acto de competencia desleal con las organizaciones partidarias que, por su condición minoritaria, muy difícilmente accedan al poder con posibilidades tan reprobables.
Facultades que un vacío legal -por omisión o deplorable estilo político- descalifican éticamente a quienes las aplican, haciendo de la gestión pública un ejercicio útil en lo personal o partidario antes que un servicio al interés general.
En cuanto a la conveniente reducción temporal de las campañas electorales, habría sido más adecuado en tal caso que los legisladores hubiesen advertido que hasta el día antes de esos plazos los sectores políticos o partidarios que desempeñen las funciones públicas pueden hacer uso de esa omisión -como tradicionalmente ocurre- para beneficiarse con el dinero público en una competencia electoral. Ciertamente que el Poder Legislativo dispone de suficientes facultades de control para impedir ese abuso del Poder Ejecutivo, tan habitual que no requiere ser precisado.
Pero no se tiene presente ocasión alguna en que semejante queja haya tenido andamiento parlamentario, tal vez por la misma razón que la nueva ley reformadora de las campañas ha sido sancionada con tal omisión, un solo voto negativo y dos abstenciones.