CONFORME CON EL FALLO. Mercedes Ferreira, abuela de Facundo, lloró junto a sus hijas al escuchar que condenaban a perpetua a los asesinos de su nieto. La Gaceta / fotos de Santiago Re - Antonio Ferroni
La Real Academia Española define al “gatillo fácil” como “la “propensión, por parte de quien habitualmente porta armas, a disparar sin que exista causa que justifique la acción”. Y eso es lo que ocurrió con el crimen de Facundo Ferreira. Los policías Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres fueron encontrados culpables de homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de la fuerza de seguridad y recibieron la peor de las condenas: prisión perpetua. El fallo generó dos reacciones totalmente diferentes. Por un lado, los familiares del niño celebraron, y por el otro, los allegados a los penados protagonizaron incidentes.
Así fue el final de un caso que dividió las opiniones de los tucumanos. El 8 de marzo de 2018, Facundo y un amigo dejaron el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) para presenciar una picada de motos que se hacía en la zona del parque 9 de Julio. Según la versión policial, los adolescentes formaban parte de un grupo de jóvenes que realizaban disparos. Se inició una persecución, y, según los reportes policiales, se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte del niño.
La ya jubilada fiscala Adriana Giannoni (siguió el desarrollo de la última audiencia a través de zoom) investigó el hecho. Determinó que estaba frente a un crimen y acusó a los dos efectivos. Los imputó de homicidio agravado por alevosía, por haber sido cometido por policías y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haberle dado asistencia a Facundo cuando estaba herido.
La fiscala de cámara Marta Jerez mantuvo la acusación en el juicio, al igual que el representante de la querella, Carlos Garmendia. Los defensores Macario Santamarina (Montes de Oca) y Aurora Díaz Argañaraz (Díaz Cáceres) poco pudieron hacer para revertir las pruebas acumuladas en su contra.
El final
Antes de que se conociera el fallo, los imputados hablaron. Montes de Oca llegó detenido al juicio, pero no por el crimen, sino por un robo agravado que cometió seis meses después del homicidio. El hombre, que llevaba tres años y siete meses tras las rejas, juró su inocencia y pidió a los jueces que usaran su corazón para fallar porque dijo que él sólo había cumplido con su deber.
Después hizo un discurso político. “Hice lo que me enseñaron a hacer cuando entré en la Policía”, declaró. Y luego agregó: “toda la institución policial nos está apoyando en estos momentos porque actuamos correctamente”. Antes, durante y después del juicio, ni siquiera en forma anónima, hubo muestras de apoyo a favor de los efectivos.
Por su parte, Díaz Cáceres también dijo que era inocente y pidió perdón a su familia. “Desde que me puse el uniforme les generé preocupación”, señaló.
El tribunal, integrado por Wendy Kassar, María Fernanda Bähler y Raúl Cardozo, con disidencia de este último, condenó a prisión perpetua a los acusados. LA GACETA constató que el voto del magistrado no era absolutorio, sino que tendría que ver con el cuadro legal del fallo.
Los jueces, después de la fuga de Roberto Rejas, decidieron no correr riesgos y ordenaron el inmediato traslado de los penados a la cárcel de Villa Urquiza.
Reacciones
“Hay fiesta en el cielo porque hubo justicia por él, estamos re conformes con el fallo porque sabemos que quienes asesinaron a Facundo ahora están en donde tienen que estar”, dijo Romina Ferreira, la madre del niño asesinado. “Espero que no haya más policías como ellos. Y que el Gobierno y todos los que hablaron mal de nosotros se disculpen. Podremos ser ignorantes si quieren, pero somos humildes y de buen corazón”, agregó.
Mercedes, la abuela, le reclamó al ministro Claudio Maley un pedido de disculpas público. “Vino a mi casa a ofertarme que me iba a poner una panadería… ¡Mi hijo (por su nieto) no valía eso! Y se lo dije en la cara”, expresó.
“Aún tengo miedo. El hermano de Montes de Oca pasa hasta hoy por el frente de mi casa y hace (sonidos de) ‘tiros’ con la moto y pasa mostrando una bala, pero aquí estoy. Hoy, por fin voy a poder descansar y dormir tranquila”, concluyó.
Acción civil: el Estado deberá pagar $ 4,5 millones a los Ferreira
La cifra solicitada por la querella, en la acción civil, rondaba los $ 7 millones. La abogada Stella Chávez además pedía que se inste a la Municipalidad a pavimentar las calles del barrio Juan XXIII y a restaurar la gruta de Facundo Ferreira para “reparar la estigmatización que sufrió ese barrio tras el hecho, y por la falsa información que la Policía difundió”. En defensa del Estado, José María Molina cuestionó que se exigiera un lucro cesante ($2,5 millones); los jueces le dieron la razón en ese punto. Por ello, el Estado deberá reponer $4,5 millones a la familia del niño.
