La Corte da licencia a la defensora oficial que denunció a Navarro Dávila

La Corte da licencia a la defensora oficial que denunció a Navarro Dávila

“Medida excepcional”.

29 Septiembre 2021

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán reasumió la superintendencia sobre todo el sistema judicial que le otorga el artículo 121 de la Constitución provincial y otorgó una “licencia médica de excepción” por 60 días corridos a MIVS, defensora oficial de la capital y denunciante del ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila (foto).
El permiso para ausentarse consta en la Acordada 1.208 que firmaron ayer los vocales Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
El instrumento indica que el vocal decano Antonio Daniel Estofán se excusó de intervenir y que la presidenta Claudia Sbdar no participó por estar de licencia.

“En atención a los hechos denunciados (supuestas violencia de género y acoso laboral); en especial a los informes médicos adjuntados; a los derechos implicados y a la tutela que merece la situación prima facie constatada, corresponde disponer, como medida preventiva, una licencia médica de excepción”, dijeron los vocales.
El día anterior, la defensora oficial y su abogada Dolores Remis habían denunciado a Navarro Dávila ante la Corte.
La presentación solicita la activación del Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el ámbito del Poder Judicial; la emisión de una medida de protección que separe a la denunciante del denunciado y la formulación de una acusación penal contra el superior objetado.

Los vocales Posse, Leiva y Rodríguez Campos precisaron que la concesión de la licencia no implicaba “adelantar una opinión acerca de las restantes cuestiones planteadas”. Y argumentaron que el permiso prosperaba porque podría encontrarse comprometido “la debida diligencia reforzada” que ordena la Convención de Belem do Pará: “ello torna necesario arbitrar los medios para salvaguardar la integridad física y psíquica de María Isabel Vidal Sanz”.

La denuncia refiere que el hostigamiento comenzó cuando Navarro Dávila asumió como jefe de los defensores en 2018 y se intensificó en los últimos meses, a partir del crimen de la niña Rocío.
Según Remis y Vidal Sanz, los excesos y maltratos fueron generalizados, y crearon un clima de miedo en la institución. Consultado por LA GACETA, Navarro Dávila negó los hechos y dijo: “a partir del gravísimo hecho de la niña Rocío se inició una investigación administrativa a pedido de la misma denunciante María Isabel Vidal Sanz la cual se encuentra en trámite por ante la Secretaría de Superintendencia. Partiendo de la situación que se vivió, se fijó a los defensores civiles y de Niñez el cumplimiento de horarios (de 8 a 13 horas y de 16 a 19 horas). Reitero que en ningún momento hubo violencia laboral”.

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