La bruma de las asesorías

En todos los idiomas, durante los meses recientes, se ha insistido en que el comienzo de la regularización de las finanzas públicas de la Argentina pasa, en una gran proporción, por el ajuste de los presupuestos provinciales. Sin que ello implique eximir a la Nación del amplio caudal de culpa que presenta en el mismo rubro, aquel ajuste interior aparece como imprescindible.
No puede sostenerse otra cosa, cuando se tienen en cuenta los niveles del desorden que exhibe el gasto público en la gran mayoría de las provincias del país, endeudadas por cifras muy superiores a las que recaudan y con su circulación monetaria atribulada por la inundación de medios de pago de confiabilidad problemática y distintos de la divisa nacional.
De esto han derivado no solamente las dificultades provinciales para atender las obligaciones gubernativas. También, ha generado la imposibilidad de que sus presupuestos puedan emplearse en alguna finalidad distinta de la del mero pago de sueldos: es decir, en esas obras diversas que la comunidad requiere para su progreso y bienestar en el más amplio sentido, y para obtener las cuales paga sus impuestos.
El imperativo de ajustar los presupuestos de las provincias está sobradamente expresado además, y con comprensible reiteración, por el Fondo Monetario Internacional. En efecto, lo incluye en su enumeración de requisitos para proporcionar asistencia financiera a la Argentina en estos críticos momentos. Se trata, pues, de una exigencia que nada tiene de nuevo. En último caso, su perentoriedad se impone hasta al más elemental analista de las finanzas del Estado en esta particular instancia de la vida nacional.
Así las cosas, no pueden sino causar asombro a la ciudadanía, informaciones como la que se consigna en nuestra edición de la víspera, relativa al monto que eroga el Poder Ejecutivo Provincial en materia de asesores. Monto que, además, es difícil de fijar, porque realmente no se sabe cuántos asesores cobran en la planilla oficial. Es decir, si son unos 50, o si son más de 100 y, consecuentemente, si cuestan al erario 1,8 millón o 3,6 millones de pesos anuales.
Como tantos otros temas relativos a la inversión del presupuesto (piénsese lo que ocurría con la retribución mensual de los legisladores) este de los asesores está envuelto en una bruma que conspira contra la transparencia que debe tener toda salida de dinero público. Cabe apuntar, además, que la necesidad de los asesores es con mucha frecuencia discutible, como también lo es el alto monto que se les paga por servicios cuya prestación no siempre consta y que no les generan responsabilidad alguna. Bien se sabe que en muchos casos la asesoría no es más que un favor político, cuando no el refugio de ex funcionarios a quienes el Gobierno no quiere desairar totalmente.Pero, más allá de tales temas, la cifra que insumen esos cargos, sea ella 1,8 millón o 3,6 millones anuales, es algo a contrapelo con los requerimientos de austeridad que el Estado proclama y que aplica en otros rubros. Deben, por tanto, imponerse en este asunto tanto la transparencia como el ajuste. Hablamos de precisar exactamente cuántos asesores costeamos con nuestros impuestos, en primer lugar, y proceder luego a cancelar los contratos de todos aquellos cuyos servicios no sean probadamente imprescindibles.
Si no se practican tales operaciones, el atribulado presupuesto de la Provincia de Tucumán seguirá sometido a sangrías que parecen francamente inexplicables en el contexto económico y social con el cual debemos manejarnos. La población tiene derecho a percibir, en el Estado, esa contención del gasto, que es un imperativo actual.