Investigarán a los organismos que debían velar por Rocío - LA GACETA Tucumán

Investigarán a los organismos que debían velar por Rocío

El fiscal López Bustos habría detectado algunas irregularidades. El abogado de la madre de la víctima indicó que a la mujer la despojaron de su hija. Absoluto silencio oficial.

04 Jul 2021 Por Gustavo Rodríguez
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PRECARIO. La niña terminó viviendo en el asentamiento La Chabela. ILUSTRACIÓN DE RUSSO NIETO

Al final de la audiencia que se realizó ayer, el fiscal Ignacio López Bustos, que lleva adelante la pesquisa del crimen de Rocío Rojas, dio un adelanto de la otra arista del caso. “Vamos a ahondar los indicios que hemos recolectado para determinar si los órganos administrativos correspondientes realizaron los controles necesarios para garantizar el bienestar de la niña”, resumió.

López Bustos, al conducir una fiscalía de Homicidio, no puede ahondar mucho sobre este tema. Pero sí está habilitado a sumar pruebas y pedir a otro colega que continúe con la causa. Y eso es lo que tiene previsto hacer. Después de terminar de resolver esta situación, enviaría el expediente a la Unidad de Decisión Temprana para que determine quién debe desarrollar esta pesquisa.

Rocío vivía junto a seis adultos y con al menos otros cuatro menores. “Las condiciones no eran buenas. La verdad es que no sé cómo superó un informe socioambiental. Tampoco entendemos que los responsables de velar por su integridad física no hayan detectado los problemas que tenía la niña”, dijo una alta fuente judicial a LA GACETA.

Intentos fallidos

Según la información oficial, a mediados de marzo llegó a la fiscalía de Violencia de Género que conduce Luis Zapata una denuncia por maltrato infantil en contra de la madre de Rocío. El titular consiguió una orden de restricción a favor de la niña y en contra de su progenitora. Además solicitó un informe a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaif) y envió el expediente a un juzgado de Familia para que se encargara del control de la medida cautelar. Los resultados de ambos expedientes por ahora son todo un misterio.

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Supuestamente, la causa cayó en manos de un juzgado que se declaró incompetente porque no se encontraba de turno. Inmediatamente pasó a otro que habría tomado la medida de entregar la custodia de la niña a su madrina, Amalia Carolina Graneros. Para que ello ocurriera, profesionales de la Dinayf deberían haber presentado varios informes al magistrado interviniente. Entre otros, deberían haber realizado un trabajo sobre cómo sería el lugar donde viviría y con quién conviviría. Además, según las normas vigentes, después darle la tenencia, deberían haber controlado cómo era su vida. “Hemos recabado los informes suficientes para sospechar que la pequeña era víctima de maltratos y sospechamos también de posibles abusos sexuales”, explicó López Bustos.

Pese a los intentos de LA GACETA, no se pudo obtener una información oficial sobre este caso. Primero se trató con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Guadalupe Casas, quien se excusó a realizar comentarios, pero anunció que quien respondería las consultas sería la directora Mariana Cirelli, que no atendió los llamados de nuestro diario ni respondió los mensajes. Un vocero del área excusó a ambas funcionarias, asegurando que, al haberse judicializado la causa, no era conveniente que realizaran declaraciones sobre el caso.

Al no haber trascendido aún qué juez otorgó la tenencia de Rocío a la mujer que luego fuera acusada de su homicidio, no se pudo establecer cuáles fueron las razones por las que se la entregó a su cuidado. Mucho menos, los detalles de los informes que redactaron los profesionales de la Dinayf y con los que debería haber fallado. Sí se confirmó que el padre biológico de la pequeña se encuentra detenido en la ex Brigada, acusado de haber abusado de las hermanastras de la niña, de 8 y 10 años.

Despojada

“Mi representada M.R. (NdelaR: no se consigna su nombre para preservar la identidad de sus otras hijas, que fueron víctimas de abuso) sostiene que fue despojada irregularmente de sus hijos cuando se había internado para que la operaran”, sostuvo Humberto Castaldo, representante legal de la madre de Rocío que asumió el rol de querellante en la causa. “Nos tienen que explicar por qué le sacaron a sus hijos de manera irregular, ya que ella no sabe leer ni escribir”, indicó.

Castaldo descartó además que la joven tenga problemas de adicción y dijo que tampoco maltrató a sus hijos. “A ella le dieron el alta y se dio con la novedad de que alguien le había quitado sus hijos sin ninguna razón. Ahí comenzó su lucha por recuperarlos”, indicó.

“Una defensora estaba al tanto de la situación y la ayudó a continuar con el litigio en el fuero civil. Ya se había fijado una audiencia para finiquitar el asunto. La muerte de Rocío no impedirá que ella pueda finalmente recuperar al otro pequeño”, concluyó.

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