La economía marcará los tiempos de la política. El rumbo de la transición le quita el sueño a más de un jerarca del sistema de partidos.
Los oficialismos de turno están sometidos a los tironeos de la crisis socioeconómica. El cerco del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Estados Unidos sobre Eduardo Duhalde es cada vez más estrecho.
Con todo, aquel se niega a aceptar, por ahora, el adelanto de las elecciones presidenciales, ni la caída de los mandatos por la renuncia de los legisladores. José Ricardo Falú -Frente para Todos- propuso esta iniciativa en Diputados, mientras que Pablo Walter en el Senado fue uno de los impulsores del primer planteo.
En las últimas 48 horas se definió de esa manera, en resguardo de su propia subsistencia. Pero Duhalde controla cada vez menos el Senado -por las fracturas en el PJ y por las divisiones en la UCR-. En Diputados, el oficialismo también tiene problemas. Así las cosas, en el Congreso afronta complicaciones crecientes.
A pesar de las desmentidas oficiales, la cuestión electoral está presente en los ámbitos partidarios y abundan las negociaciones para cerrar acuerdos políticos.
Tanteos y moralejas
Los peronistas quieren elecciones internas abiertas simultáneas de candidatos presidenciales para evitar el desbande de los perdedores. El tema está para resolverse en el Congreso.
La experiencia de las municipalidades de La Cocha, Burruyacu y Tafí del Valle en 1991 aleccionó al PJ tucumano, que inventó luego ese mecanismo para impedir que los disidentes buscaran otros partidos y vencieran a los candidatos oficiales.
La moraleja llegó hasta los oídos de los jerarcas del bloque justicialista de Diputados.
Los bussistas miran también a las urnas. Por eso, el jueves pasado, Walter y Ricardo Bussi participaron de un almuerzo en el Club Francés, en Buenos Aires, con 23 diputados y 4 senadores de partidos provinciales.
El gobernador neuquino Jorge Sobisch y el vicegobernador bloquista de San Juan, Ubaldino Acosta, representaron a sus distritos. Maduró en esa comida el plan de una confederación de partidos de distrito que pueda ser una opción a los radicales.
La cercanía ideológica con los ex ministros delarruistas Ricardo López y Patricia Bullrich es inocultable. Y la idea que prevalece es gravitar en una hipotética segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se inclinarían los provinciales por el PJ antes que por Elisa Carrió, la jefa del ARI, en esa situación.
El escenario electoral es algo que también tiene en cuenta la UCR tucumana. Tras enfrentar una severa crisis interna que se adicionó a la catástrofe delarruista de diciembre de 2001, empieza a reorganizarse lentamente con un discurso opositor al mirandismo. El mayor desafío es recuperar al votante perdido.
Tres viejos conocidos
Otra vez el vicegobernador Sisto Terán se topa con el juez de instrucción Víctor Pérez. Este decidió investigar si Terán usó fondos de la Cámara para pagar supuestas coimas a los 27 legisladores que votaron la habilitación de la reforma constitucional.
"El (por Terán) es el nexo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que tornaría procedente la apertura de la investigación solicitada por el fiscal (Esteban Jerez)", aseveró Pérez.
Detrás de ese concepto, subyace la convicción de que los miembros de uno y de otro poder están interesados en el objetivo común de derrumbar la prohibición reeleccionista.
El fiscal anticorrupción abrió esa línea de búsqueda de elementos comprometedores tras el rechazo del desafuero de los 27 políticos que dieron el sí al proyecto reeleccionista el 19 de febrero pasado.
Los gastos de bloque y la reforma constitucional vuelven a poner en veredas enfrentadas a Terán, a Pérez y a Jerez. Hasta ahora, el vicegobernador apeló a distintas estratagemas para neutralizar la pretensión judicial de escudriñar en las cuentas legislativas.
En el centro de la polémica están los recursos que maneja discrecionalmente Terán. Según el peronista disidente Osvaldo Cirnigliaro, el vicegobernador dispone de $ 5 millones anuales sin explicaciones de ninguna clase. Otro de los adversarios del sucesor constitucional de Miranda, el ex concejal Ernesto Padilla, apunta que llegó la hora de que Terán diga qué hizo con $12,5 millones desde que asumió.
Extrañamente se repitió otra circunstancia del pasado, horas antes de que se conociera la resolución de Pérez.
Con el mayor de los sigilos, en la tarde del jueves, un ciudadano ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político contra el fiscal Jerez.
Como en una demanda anterior, se rescató una causa añeja con el fin de zamarrear a Jerez. Durante dos meses, la causa Terán dará vuelta por los ámbitos judiciales y por los medios políticos.
Los legisladores oficialistas no simpatizan precisamente con el fiscal. Y la conclusión es que puede no haber imparcialidad en el tratamiento de la causa.
La sospecha se funda en los antecedentes del prolongado duelo de la Cámara y de su presidente con el fiscal anticorrupción. Terán acusó más de una vez a Pérez y a Jerez de actuar bajo la influencia de Falú. La intención era politizar los procederes judiciales.
Durante dos meses, el expediente de Terán dará vueltas por los ámbitos judiciales y por los medios políticos. Si se ratifica la presentación en contra de Jerez, la puesta en marcha del proceso de juicio político demandaría un tiempo que coincidiría con el plazo que tiene Pérez para resolver si halló pruebas o no del hecho atribuido a Terán. El fiscal estaría sometido al jaque de los legisladores oficialistas.
La Legislatura, por obra de esos planteos judiciales, se colocará otra vez en el ojo del huracán. La sociedad ha dado muestras de que no tolera acciones que paralicen las investigaciones judiciales. El reclamo de transparencia hizo retroceder al poder político en su propósito de destituir a Jerez. La reacción ciudadana puede repetirse.
