26 Mayo 2021
REVELADOR. Una encuesta de la ONU y la Universidad de Oxford concluye que se requiere más educación para las personas que creen en la emergencia climática. TELAM
Por unanimidad, el viernes 14 de mayo el Senado argentino convirtió en ley el Proyecto para la Implementación de la Educación Ambiental Integral. La iniciativa había sido presentada por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta, ante el Congreso como una de las cuatro acciones del plan de políticas ambientales del Gobierno nacional.
Pero, ¿por qué es importante esta ley? La encuesta global People´s Climate Vote, publicada en enero de 2021 y realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford, reveló que la educación marca la diferencia en las percepciones sobre la actual crisis climática y ecológica.
Según la encuesta, la consideración del cambio climático como una emergencia global presentó niveles consistentemente más altos entre las personas con educación postsecundaria en todos los países, desde la República Democrática del Congo (82%) hasta Francia (87%). En el caso de la Argentina, ese porcentaje fue más bajo, del 72%, describe el sitio de verificación de noticias Chequeado.com.
Estas personas -las que tienen noción del cambio climático- son las que más respaldan la puesta en práctica de políticas climáticas. Por ello, la encuesta concluye que, en muchos países, se requiere más educación para las personas que creen en la emergencia climática a fin de que comprendan la necesidad de una acción integral urgente.
Por otro lado, como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible a la que se suscribió la Argentina en 2015, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 establece en su meta 4.7 que los países deben asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Así las cosas, la educación ambiental resulta transversal al cumplimiento de los 17 ODS que suscribió nuestro país y que van desde poner fin a la pobreza hasta actuar ante el cambio climático.
La nueva Ley de Educación Ambiental se basa en tres normativas preexistentes: la Constitución Nacional, cuya reforma en 1994 estableció que las autoridades deberán garantizar la información y educación ambientales (1); la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002 durante la gestión de Eduardo Duhalde y que promueve cambios que posibiliten el desarrollo sustentable a través de una educación ambiental (2) y la Ley de Educación Nacional de 2006, la cual dispone que el Ministerio de Educación disponga las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades.
No obstante, desde 2002 -fecha en la que data la primera de esas normativas- a la actualidad, la situación climática a nivel global a empeorado drásticamente. Según Naciones Unidas, los desastres climáticos se despliegan y en unos años ya no habrá tiempo para salvar las vidas de las poblaciones más pobres y vulnerables, víctimas de inundaciones y sequías, principalmente.
Finalmente, cómo se implementará la nueva ley es la pregunta del millón. "Es muy importante seguir de cerca el proceso de reglamentación para que se ponga en práctica de la forma correcta", dijo a Chequeado María Aguilar, coordinadora general del Departamento de Educación Socioambiental e Investigación y Política Socioambiental de Eco House, organización de la sociedad civil que ha impulsado la normativa.
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