Hacia fines de julio del año pasado, el cajero de un banco detectó la aparición de bonos de $20 que no estaban aún en circulación. Se trataba de una nueva emisión por $20 millones que finalmente quedó inmovilizada por decisión judicial. Con total ingenuidad, una maestra fue a preguntar a una oficina pública por qué le retenían parte de su salario.
Estos hechos siguen siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. En medios judiciales se comenta que el Gobierno, en ambos casos, debió hacer la denuncia respectiva para evitar males mayores. El Poder Ejecutivo tiene la oportunidad para contribuir a la investigación de Esteban Jerez, encontrando los culpables o determinando las responsabilidades por estas acciones reprochables. Jerez sigue la pista de que, necesariamente, hubo una conexión interna en el Gobierno que habría permitido las retenciones presuntamente indebidas a los docentes.
El mensaje pascual
En un escenario distinto, los mismos hechos del pasado vuelven a sobrevolar en el pensamiento colectivo. Aunque no hubo denuncia concreta, algunos dirigentes de la oposición consideraron que los planes laborales distribuidos antes de las elecciones del 14 de octubre pasado influyeron en el resultado electoral. Ahora, la gestión mirandista trata de llevar un mensaje a la sociedad de no al clientelismo.
El Ejecutivo tiene la posibilidad de controlar la distribución de los programas antes de desembolsar los recursos.
La Iglesia, en su mensaje pascual, dejó en claro que se debe terminar con la mentira y la falta de cumplimiento de la palabra. Que los dirigentes deben despojarse de los intereses personales y sectoriales. Y que debe acabar el despilfarro de los dineros del Estado y el clientelismo político.
Los actos que pueden ser éticamente reprochables, no necesariamente lo serán penalmente, dice una máxima jurídica. Los errores deben corregirse antes de que los problemas exploten. Así se contribuirá a la transparencia tan reclamada por la sociedad.
