El pedido de las agrupaciones de inquilinos se hizo realidad. El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de marzo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el próximo 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.
Existe un detalle nuevo: se alargará también el plazo para pagar las deudas de alquileres de 6 a 12 meses. La nueva resolución será publicada en el Boletín Oficial esta semana y en ella se establecerá la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo pasado en adelante. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.
La prórroga del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fueron solicitadas en reiteradas oportunidades por las federaciones que nuclean a inquilinos, incluso desde Tucumán. En algunos casos, por medio de cartas dirigidas al presidente Alberto Fernández, pidieron incluso que la prórroga vaya más allá de los dos meses fijados por el Gobierno nacional en esta oportunidad.
Los contratos de locación de inmuebles alcanzados por el decreto son los destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares; los destinados a actividades culturales y/o comunitarias; los rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.
También están incluidos los alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); y por los por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.
Los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo acumularán la deuda y se les podrán aplicar intereses compensatorios, pero no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
En Tucumán, corredores inmobiliarios habían calculado que el porcentaje de inquilinos que se acogieron a la posibilidad de posponer los pagos es reducido.
Un diputado nacional de la oposición, en tanto, promueve un proyecto para derogar las recientes regulaciones de los alquileres y facilitar los desalojos exprés. “Han roto la relación con el mercado y suspende el derecho de la propiedad privada”, dijo Alberto Asseff, de Juntos por el Cambio, respecto de la ley que sancionó el Congreso el año pasado sobre el mercado locativo.
