Por Juan Martín de Chazal
02 Diciembre 2020
LETRERO Y APACHETA. El sitio demarcado está a la vera de la ruta 307.
Un cartel, una serie de alambrados y una construcción causaron controversia en el área de La Quebradita, en Tafí del Valle. Mientras algunos vecinos denuncian usurpaciones de la Comunidad Diaguita en tierras fiscales aledañas a la ruta 307, los referentes indígenas niegan que haya una toma generalizada en curso. Sin embargo, reconocieron que existe una “situación especial” y que procuran destinar una parcela ya demarcada a una mujer tafinista que padecería violencia de género.
“Cercaron un espacio verde, armaron una casa y reunieron a unas 40 personas para dividir los terrenos. Pusieron un gazebo para registrar gente”, relataron con inquietud vecinos de la zona. En el lugar ya hay una apacheta y un letrero, instalado recientemente, que dice: “Territorio de la Comunidad del Pueblo Diaguita del Valle de Tafí. Ley 26.160, resolución ministerial n° 339”.
La norma nacional referida, sancionada por el Congreso en 2006 y vigente hasta 2021, declara la emergencia territorial de las comunidades originarias del país y ordena la creación de un relevamiento de las áreas ocupadas por ellas. La resolución ministerial 339 (2018) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en tanto, da por cumplido el relevamiento de una comunidad Wichi de Salta. El texto no menciona a los diaguitas de Tucumán.
En diálogo con LA GACETA, el cacique de la comunidad del Valle de Tafí, Santos Pastrana, negó que hubiera usurpaciones en La Quebradita destinadas a loteos y asentamientos. “El terreno está relevado por la ley 26.160 y trabajamos por la ley de la propiedad comunitaria. Pero en este caso fue una situación especial: hay una señora que sufre violencia de género y decidimos destinar un espacio solamente por eso. Entonces no hay una toma”, declaró el referente indígena.
“Sí existe una necesidad de hábitat tremenda de por lo menos 600 casas. Así que esto también es un llamado de atención para las autoridades municipales y provinciales: necesitamos conversar y resolver los problemas. No queremos ir en contra de nadie, pero hace falta más voluntad política -manifestó Pastrana-. Queremos que se hagan bien las cosas. Es injusto que venga gente de afuera del valle y cierre con alambres todo el tiempo. A ellos no les dicen nada nunca”.
El cacique reconoció que las tierras de la controversia son fiscales, pero insistió en que el territorio es comunitario. “Por más que sean espacios verdes, la posesión ancestral la tenemos nosotros. Nuestra idea es que haya un barrio digno en el lugar. Ya charlamos con las autoridades del municipio; yo tengo la posibilidad de gestionar viviendas con el IPV. Pusimos el cartelito para que lo respeten hasta que conversemos y resolvamos bien el problema”, aseveró.
Beatriz Centeno, secretaria de Gobierno de la gestión de Francisco Caliva (en licencia), dijo que recibieron las denuncias de los vecinos de La Quebradita y que fueron a registrar la situación. “Nos están golpeando por todos lados. Con esto no se hace política. No tengo por qué ir a ocupar terrenos que no corresponden. Secuestramos postes y labramos actas con la Policía”, protestó la funcionaria. Avisó, además, que los instrumentos estaban en manos de la directora de Asuntos Jurídicos, Ramona Villagra.
“La toma para crear asentamientos es un rumor; queremos dignidad”, concluyó Pastrana.
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