Legisladores definirán hoy si avanzan contra Pisa - LA GACETA Tucumán

Legisladores definirán hoy si avanzan contra Pisa

A las 11 se reunirá la comisión de Juicio Político para resolver si traslada o no las denuncias al juez que sobreseyó al femicida de Tacacho.

30 Nov 2020 varios autores
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ACTO PÚBLICO EN EL PALACIO DE JUSTICIA. Los jueces Juan Francisco Pisa (izq.) y Facundo Maggio durante un juramento de comienzos de 2019. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)

Se agotó el tiempo para la comisión de Juicio Político de la Legislatura, y ese cuerpo deberá resolver hoy si traslada o no al juez Juan Francisco Pisa las impugnaciones a su proceder respecto de la víctima Paola Tacacho. El cuerpo tiene previsto deliberar a partir de las 11. Si bien no trascendió el temario, los legisladores están compelidos a expedirse por imperio del artículo 25 de la Ley 8.734, que les otorga 15 días hábiles para tomar una decisión. La definición coincide con una fecha simbólica: tal día como hoy de hace un mes, el victimario Mauricio Parada Parejas apuñaló a Tacacho en la vía pública y, luego de matarla, se quitó a sí mismo la vida.

Tras el femicidio acaecido en Barrio Norte trascendió que Tacacho había denunciado 13 veces a Parada Parejas en la Justicia penal de Tucumán por actos de violencia y amenazas, y que en una oportunidad el fiscal Diego López Ávila requirió su juzgamiento, pero Pisa optó por el sobreseimiento del imputado. En virtud de esa sentencia de junio de 2017, el juez afronta al menos siete pedidos de destitución. Las primeras impugnaciones ingresaron a la comisión de Juicio Político el 3 de noviembre y son las que marcan los términos puesto que todas las restantes denuncias de mal desempeño refieren con matices al caso “Tacacho”, y el rechazo y el archivo de aquellas acarrearía el de las demás. La Ley 8.734 establece que los plazos son perentorios e improrrogables.

La posibilidad de dar curso a los pedidos de expulsión de Pisa está supeditada a dos condiciones. Por un lado, a que el oficialismo aporte los votos puesto que para correr traslado hace falta la conformidad de dos tercios de la totalidad de los miembros de una comisión donde 10 de sus 12 integrantes responden al Gobierno. Por el otro lado, es menester que el gobernador Juan Manzur no acepte a Pisa la renuncia condicionada a la concesión de la jubilación con el 82% móvil que aquel presentó el 15 de octubre. Hasta ayer no había habido novedades al respecto, aunque Pisa podría conseguir el visto bueno de Manzur en cualquier momento antes de la formalización de la acusación, y frenar de este modo los potenciales procedimientos articulados en su contra para echarlo del cargo y privarlo accesoriamente de la jubilación extraordinaria, que en su caso superaría los $ 300.000 mensuales.

Los familiares, amigos y allegados de la salteña Tacacho, y opositores y organizaciones de la sociedad civil demandaron al gobernador que permita el enjuiciamiento de Pisa. El artículo 30 de la Ley 8.734 estipula que si el juez denunciado presenta la renuncia, esta sólo producirá efectos a partir de que el jefe del Poder Ejecutivo la acepte: “sólo en este último caso, se clausurarán las actuaciones en el estado en que se encuentren. Esta consecuencia se aplicará únicamente a la dimisión lisa y llana del denunciado”.

La admisión de la renuncia condicionada “antes de la acusación” sólo genera la suspensión del procedimiento por el término de 60 días. “Cumplido dicho plazos sin que se materialice la condición a la cual se subordina la dimisión (la liquidación del haber previsional por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social o Anses), esta no tendrá ningún efecto y deberá continuar el trámite”, añade la Ley 8.734.

La normativa ofrece las siguientes opciones a Pisa para conservar el retiro excepcional: 1) puede conseguir que Manzur acoja su renuncia en las condiciones originales, lo que le otorga dos meses para seguir percibiendo el ingreso de juez hasta que la Anses comience a pagarle la jubilación sin que la comisión de Juicio Político pueda instar su destitución, y 2) puede reemplazar la renuncia condicionada por una lisa y llana cuya aceptación conduciría al archivo definitivo de las denuncias. En esta segunda alternativa, Pisa quedaría automáticamente afuera del Poder Judicial. Estas opciones están disponibles hasta el momento en el que la comisión de Juicio Político resuelva si promoverá la acusación del juez ante el Jurado de Enjuiciamiento, que es el organismo encargado de decidir la destitución. A partir de entonces, el Gobierno deberá abstenerse de aceptar o rechazar la denuncia hasta tanto el Jurado se pronuncie.

En función del calendario, Pisa tiene chances de obtener una decisión favorable de Manzur hasta comienzos de febrero, cuando vencerá el término para que Juicio Político diga si solicitará la formación del Jurado. Estas previsiones procederán siempre y cuando hoy por lo menos ocho de los legisladores que forman parte del comité resuelvan que corresponde que Pisa dé explicaciones respecto del proceso de Tacacho. Ese juez guardó silencio todo este tiempo -ni siquiera notificó que había renunciado cuando, tras la muerte de la profesora, distintos sectores reclamaban su salida del Poder Judicial- y lleva años sin contestar las consultas de la prensa.

La decisión sobre el futuro de Pisa está en manos de los oficialistas Zacarías Khoder, Adriana Najar, Gonzalo Monteros, Sergio Mansilla, Enrique Bethencourt, Renée Ramírez, Graciela Gutiérrez, Mariela Reyes Elías, Carlos Gómez y el alperovichista Julio Silman, y de los opositores Raúl Pellegrini (Partido por la Justicia Social) y Mario Casali (Fuerza Republicana).

En el pasado la comisión rechazó los cuestionamientos hacia la actuación de Pisa, que hoy tiene un papel central en la denuncia que el magistrado Enrique Pedicone interpuso contra el vocal Daniel Leiva, un caso clave para la institucionalidad provincial. Pisa dictó varias resoluciones en el sentido deseado por el juez supremo denunciado, y, por ejemplo, decidió procesar la acusación con el régimen escrito y cerrado del viejo Código discontinuado el 31 de agosto; denegar los roles de querellante al denunciante, y a la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad (Cedjus), y excluir los audios donde la voz asignada a Leiva pide, en nombre del gobernador y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, “manejar las instensidades” de una causa que involucra al legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). El 18 de este mes, los 10 legisladores peronistas resolvieron requerir la destitución de Pedicone por siete impugnaciones presentadas a posteriori de su denuncia contra Leiva. El martes Khoder aseguró que sólo tomaron en cuenta “cuestiones de competencia”.

Propuestas de Pellegrini: el legislador alfarista quiere acotar los efectos de las renuncias de la magistratura

El legislador Raúl Pellegrini (Partido de la Justicia Social) presentó tres iniciativas para reformar la ley que rige la destitución de los integrantes del sistema judicial. Dos de esas propuestas acotan los efectos de la aceptación de las renuncias presentadas por la magistratura con pedido de expulsión. Pellegrini pretende que las dimisiones condicionadas al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil no suspendan los procedimientos en trámite en la Legislatura, y que incluso estos puedan continuar en el supuesto de la renuncia lisa y llana “al solo efecto de la declaración de incapacidad del funcionario para ocupar un puesto de honor o a sueldo en el Estado provincial”. Por otro lado, el legislador alfarista propuso ampliar las causales de excusación y de recusación de los miembros de la comisión de Juicio Político que él integra. Según Pellegrini, los legisladores deben apartarse cuando “medien circunstancias que, por su gravedad, afecten su imparcialidad”.

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