Cano presenta un proyecto para intervenir la Justicia de Tucumán - LA GACETA Tucumán

Cano presenta un proyecto para intervenir la Justicia de Tucumán

El diputado manifestó que la crisis institucional en curso muestra que la independencia judicial y las garantías constitucionales no rigen en la provincia.

26 Nov 2020
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Palacio de Tribunales LA GACETA / ARCHIVO.

El diputado nacional José Cano (Juntos por el Cambio-UCR) presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Tucumán. La iniciativa sostiene que el sistema judicial local entró en una crisis de tal magnitud que ya no garantiza la vigencia de la Constitución Nacional. Cano expresó que estas falencias obligaban a acudir nuevamente al remedio de la intervención federal que había usado el ex presidente y senador peronista Carlos Menem en 1991, aunque en una versión más limitada porque aquella vez la operación había abarcado los tres poderes del Estado provincial. Según el diputado, la dependencia que los Tribunales tienen de los poderes políticos, y la persecución de los jueces y voces críticos es una situación ampliamente difundida gracias a la prensa, que, según Cano, es uno de los pocos ámbitos que resiste la dominación oficialista.

La intervención imaginada por el diputado otorga el poder de decisión al presidente Alberto Fernández. El mandatario debería designar a un interventor federal que concrete la labor de poner en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores oficiales, incluidos los ministros públicos fiscal y Pupilar y de la Defensa, y los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impartirá las instrucciones a las que deberá ajustar su cometido el interventor federal a fin de asegurar la normalización y reorganización de la administración de justicia en la provincia de Tucumán. Deberá adoptar las medidas necesarias con el objeto de garantizar la observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos y ratificados por el Estado Argentino”, consigna el proyecto de ley depositado en manos de la Cámara Baja que preside el peronista Sergio Massa.

La justificación de la propuesta de intervención se concentra en gran medida en el desarrollo de las tensiones que generó la denuncia penal contra Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. En particular, Cano advirtió que el juez que había atribuido las presiones a Leiva, Enrique Pedicone, estaba a un paso de ser destituido por impulso de la Legislatura mientras que la investigación de los presuntos hechos ilícitos que aquel había expuesto se encontraba virtualmente paralizada en los Tribunales provinciales. El diputado alegó que el control de la magistratura era posible por la existencia de un “sistema electoral amañado y fraudulento”. “Debe advertirse que la abrumadora mayoría legislativa que el partido gobernante ha obtenido a través del diseño de un sistema electoral amañado y fraudulento le garantiza mantener -elección tras elección, las mayorías requeridas para condicionar el accionar de los magistrados, dando curso o archivando los procesos de destitución que pudieren promoverse”, expresó.

Cano manifestó que el mismo número que posibilitaba el disciplinamiento de los jueces también había servido para llenar la cúpula judicial con representantes del oficialismo. Mencionó como ejemplo a los dos ex fiscales de Estado del gobernador Juan Manzur, los vocales Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, y al ex fiscal de Estado del ex gobernador José Alperovich, el vocal decano Antonio Daniel Estofán. En esa línea, consideró que era clave el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, quien había sido ministro de Gobierno y Justicia durante casi toda la gestión de Alperovich. “Jiménez, que es tío de Rodríguez Campos, por su parte supo articular las clavijas y los acuerdos políticos para lograr la designación de uno de sus obedientes fiscales como ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila”, observó.

En este contexto, la intervención federal tiene como objetivo asegurar la forma republicana de gobierno, la independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia de conformidad con la Constitución Nacional. A modo de respaldo de su propuesta, Cano recordó que las máximas autoridades de la Iglesia tucumana, los obispos Melitón Chávez y Carlos Sánchez, habían advertido recientemente que estaba en peligro la división de poderes y la organización institucional.

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