Por Hernán Miranda
24 Octubre 2020
La forma de produc-ción tradicional del azúcar y el alcohol, los componentes principales de la matriz industrial de Tucumán, dañaba el medio ambiente: consumía grandes cantidades de agua y de energía, generaba muchos residuos y así contribuía, a pesar de su escala provincial, al cambio climático global. Sin embargo, muchos ingenios ya se han adherido al Plan de Reconversión Industrial (PRI), lanzado en 2007, y desde entonces, según empresarios y funcionarios, el sector productivo ha progresado bastante en la mitigación de las contaminaciones atmosférica y acuática.
En el Día Internacional contra el Cambio Climático, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, transmite que los usos y costumbres de los tucumanos han cambiado para bien en las últimas décadas, pero también advierte sobre la necesidad de generar más energías renovables y de aprovechar mejor el agua, entre otras prioridades. “En los 90 había un diagnóstico muy enfocado en los impactos de los ingenios sobre el agua y el aire, pero ya llevamos más de 10 años con el PRI y ese problema en gran parte se ha revertido. Han aparecido otros nuevos y acuciantes, como la mayor frecuencia de inundaciones y sequías, y hay que combatirlos con un trabajo transversal”, urge.
Nuevo paradigma
Catalina Rocchia Ferro, titular de la Unión Industrial de Tucumán Joven, considera que las buenas prácticas introducidas en la industria sucroalcoholera se deben a un paradigma de producción que la generación de empresarios anterior ni siquiera contemplaba. “Hace 50 años nadie tenía en cuenta la eficiencia verde para producir -observa-. No sólo porque no había leyes que prohibieran producir de cierta manera o incentivaran a producir de otra, sino también porque la clientela no se preocupaba por que los productos fueran eco-friendly”.
Ahora, en cambio, la producción orientada al cuidado del medio ambiente forma parte del nuevo contrato social, según opina Rocchia Ferro, cuya familia es dueña de la Compañía Azucarera Los Balcanes. “Es cierto que las empresas deben tener un balance entre la ecología y la eficiencia, pero creo que la gente va a dejar de consumir algunos productos que dañan el medio ambiente. Entonces, aunque producir con responsabilidad es más costoso, también tiene su valor agregado y da una ganancia para todos”, reflexiona.
Por su parte, el gerente de Producción Sustentable de esa empresa, Juan Carlos Mirande, resalta el peso que su actividad tiene en el producto bruto interno del Noroeste y resume los progresos en gestión medioambiental: “el azúcar, junto con el citrus, moviliza la producción de la región y le otorga cierto equilibrio económico a sus sociedades. Hoy lo hace con menor contaminación atmosférica, por la instauración de filtros de ceniza en la calderas, y sin perjudicar la zona acuática de la cuenca Salí-Dulce. Ha sido un gran esfuerzo con capitales propios, sin financiación”.
“Mucho por hacer”
Sin embargo, Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Legislatura, opina que el impacto de la industria azucarera aún es un gran problema ambiental. “Ha ido mejorando año a año, pero todavía falta mucho por hacer. Aunque es cierto que el Estado tiene un rol de control, claramente el gran trabajo tiene que ver con inversiones que le corresponden a un sector privado que debe seguir comprometiéndose y ser cada vez más responsable”, exige.
Rocchia Ferro coincide en que una de las tareas del Estado es la supervisión, pero no está de acuerdo con la idea de que toda la responsabilidad financiera recaiga sobre los privados. “En el primer mundo -recuerda- hay líneas de crédito blandas para ayudar a las empresas a disminuir el impacto ambiental. Eso habla de que hay países que han entendido que existe un nuevo pacto social y de que la clave está en una alianza entre el Gobierno y el sector productivo”.
Adaptación y mitigación
Tucumán todavía no cuenta con un inventario de sus gases de efecto invernadero, aunque sí existe uno nacional. De acuerdo con este, el país puede separarse en cuatro regiones según los efectos climáticos que ha tenido la contaminación atmosférica. En ese mapa, la mayor parte de la provincia ocupa la región central, mientras que el oeste se encuentra en la puneña.
Florencia Sayago, titular de la Dirección de Medio Ambiente, que depende de la secretaría homónima, explica que esa división permite distinguir dos tipos de impacto a los cuales habrá que adaptarse. “Hay que esperar un aumento de la temperatura a nivel planetario, tal vez con escenarios catastróficos, y nosotros, por supuesto, no escaparemos a eso -alerta-. Las olas de calor se van a notar mucho en el oeste de la provincia, mientras que en el este y el centro van a aumentar las sequías, los incendios rurales y forestales, las lluvias torrenciales y también las inundaciones, porque no tenemos infraestructura para gestionar el agua”.
Aparte de la adaptación al cambio climático global (que requeriría, por ejemplo, reencauzar el río San Francisco, un plan que ya lleva un año en los papeles), el Estado y la sociedad civil pueden intentar mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Este es el objetivo de la única meta relacionada con la acción por el clima de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento, que proyecta aumentar en 70.000 metros cúbicos la producción de bioetanol hacia 2030.
Mirande y Montalván coinciden en la importancia de este ítem. “El principal motivo del cambio climático es la creciente extracción de combustibles fósiles y por eso es muy importante reemplazarlos por energías renovables -asevera Mirande-. La industria del azúcar está haciendo su aporte con la producción del bioetanol, que tiene una huella de carbono 80% menor que la de la nafta”. Montalván, entretanto, resalta que esta generación de biomasa es la mayor contribución que puede hacer Tucumán a la mitigación del calentamiento global.
¿Un código ambiental?
Por otra parte, Sayago resalta que en 2019 el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos, que obliga a todas las provincias a destinar fondos a un plan de respuesta al cambio climático. “Ya no hace falta más legislación: con la nacional y la provincial es suficiente. Pero lo que sí se necesita es un trabajo de armonización, porque hay grandes incoherencias entre la ley de bosques y la de suelo agrícola, por ejemplo. Lo que yo haría es un código ambiental que unifique y coordine las leyes que ya existen”, propone ella.
Y, aunque no promete nada, Vargas Aignasse anticipa que tomará en cuenta la idea: “siempre estamos abiertos a tratar temas vinculados con el medio ambiente, y todo lo que sirva para sistematizar legislaciones es bienvenido. Así que creo que el código ambiental puede ser una buena iniciativa para llevar al recinto”.
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