Un fiscal convoca a una reunión por el bloqueo de UTA

Los abogados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de los empresarios del transporte y del gremio del sector se verán las caras hoy a la mañana en una audiencia presencial, pero no será para resolver la huelga que hace más de una semana mantiene sin colectivos a la provincia, sino por una mediación convocada por el Ministerio Público Fiscal por los piquetes que bloquearon por casi un día distintas calles del centro de la ciudad.

La Unidad Fiscal de Decisión Temprana convocó a una audiencia de pase a conciliación y salidas alternativas por la denuncia contra César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) formulada por la Municipalidad. La Fiscalía unificó al proceso la denuncia que habían presentado los empresarios, pero esta apuntó contra “agentes desconocidos“ por el secuestro de los coches.

Cuando los choferes del transporte público comenzaron un nuevo paro en reclamo por el pago de los salarios atrasados, hace nueve días, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ordenó acompañar con un bloqueo con colectivos de distintas calles del centro. Alrededor de 100 coches bloquearon distintos puntos del microcentro de la ciudad. El corte duró 19 horas, hasta que finalmente el gremio ordenó retirar las unidades. Los choferes iniciaron la protesta porque aún no habían cobrado el 60% del sueldo de agosto ni la totalidad de los haberes de septiembre. El paro sigue, porque todavía no se saldó la deuda de septiembre.

La Intendencia había formulado una denuncia penal por “entorpecimiento del funcionamiento de medios de transporte”. En la presentación, el municipio sostuvo que el bloqueo de calles constituyó ”un abandono injustificado en relación a la normal prestación del servicio de transporte” y que se habría generado un “efecto extensivo, afectando al servicio de transporte el normal funcionamiento de otros servicios como electricidad, recolección de residuos y lógicamente de manera indirecta a los usuarios que se ven impedidos de concurrir a sus trabajos, volver a sus casas o concurrir a centros de atención médica teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica”.

La audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Marcelo Leguizamón, se da en el marco de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. La particularidad del nuevo sistema es que permite que no toda denuncia deba investigarse para llegar a juicio oral, sino que hay salidas alternativas: si el fiscal considera en determinadas denuncias convocar a una mediación de conciliación entre las partes. Para ello, de acuerdo al artículo 27, se puede prescindir total o parcialmente de la acción penal si hubiera acuerdo en la conciliación cuando “se trate de hechos que por su menor significación no afecten el interés público, cuando exista conciliación entre las partes siempre que no exista un interés público o cuando se repare el daño”.