Buscan regular por ley la instalación de crematorios

La polémica generada por el proyecto que pretende instalar un crematorio en la comuna de San Pablo llegó al edificio de la Legislatura provincial. Ayer, las comisiones de Legislación General y de Medio Ambiente emitieron, en forma conjunta, un dictamen de ley que dispone que el emplazamiento de aquellos establecimientos fúnebres debe ubicarse a más de 10 kilómetros de áreas residenciales. Así, si en la sesión de mañana los legisladores aprueban esa norma sin modificaciones -y si luego es promulgada por el Ejecutivo-, se vería obstaculizada la continuidad del emprendimiento crematorio que promueven las firmas Gálvez y Los Balcanes en la ruta 338.

“Los mecanismos de incineración de cadáveres avanzan y son incluso mejores para el medio ambiente que el entierro de cadáveres, pero deben hacerse de forma adecuada. Con esta normativa buscamos brindar seguridad jurídica al inversor y tranquilidad a los vecinos”, expresó sobre el dictamen Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión medioambiental. “Las movilizaciones en San Pablo han demostrado la necesidad de la regulación. Esta norma viene a zanjar un vacío legal”, añadió Raúl Ferrazzano, presidente de Legislación General y firmante de uno de los cuatro proyectos que dieron forma al texto final.

El dictamen, aprobado por unanimidad en la reunión conjunta de ayer, es el resultado del estudio de las iniciativas presentadas, además de Ferrazzano, por Tulio Enrique Caponio (Frente Justicialista), Nadima Pecci (Fuerza Republicana) y Walter Berarducci (Partido de la Justicia Social). En la Cámara estiman que la propuesta debería convertirse en ley mañana.

“Estamos más que satisfechos con el dictamen, pero es una lucha que no termina ahí. Al menos ahora tendremos un marco legal del cual partir y defendernos de una mejor manera”, evaluó Susana Cañizares, vecina de San Pablo. Desde que el 23 de septiembre los habitantes de la comuna supieron por primera vez que avanzaba el proyecto “Parque Cinerario” cerca de residencias, los reclamos no han cesado en ningún momento.

“Nos enteramos cuando vimos que comenzaron a hacer movimientos en el suelo. Resulta que el proyecto fue presentado en la Secretaría de Medio Ambiente el 19 de agosto y nadie nos informó; supimos de casualidad”, se quejó Cañizares. Y agregó: “ahora estamos dentro de un plazo de 15 días para fundamentar nuestros argumentos. No vamos a considerar si los hornos cuentan con o no con tecnologías avanzadas; nos oponemos a que haya cualquier crematorio en medio del centro urbano”.

Los directivos de la empresa Gálvez sostuvieron que el mecanismo de incineración que proponen instalar no genera contaminación considerable y enumeraron supuestas bondades medioambientales de la iniciativa. Además, negaron que hayan iniciado obras en el predio sin autorización, tal como lo denunciaron los vecinos. Al respecto, explicaron que sólo han demarcado el terreno ubicado entre la Universidad San Pablo-T y el country La Arboleda (ver aparte).

“No es verdad; había máquinas excavando”, desmintió la vecina de la comuna. “Esto es una situación irregular muy grave: el proyecto adolece de muchas falencias. El señor (Sergio) Castro, el delegado comunal, debería habernos comunicado esto desde un principio. Hasta ahora, él no ha afirmado de forma contundente si se opone a la instalación del crematorio”, acusó Cañizares. LA GACETA intentó contactarse con Castro para conocer su réplica, pero no obtuvo respuestas. El viernes, él afirmó que las empresas iniciaron las obras sin su autorización.

Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente, ya advirtió que la palabra final pertenece a la comuna por cuestiones relativas al ordenamiento urbano. Así como debe evitar la expulsión de gases contaminantes, la funcionaria aludió que el proyecto tiene que contar con la aceptación social de los vecinos.

Detalles del dictamen

Además de la distancia de 10 kilómetros con las poblaciones, la norma que será debatida mañana en el recinto especifica, entre otras exigencias, que la aprobación de los crematorios requerirá un informe de impacto ambiental, la convocatoria a una audiencia pública, y la aprobación de las áreas de obras públicas del municipio en donde se emplace y de la Secretaría de Medio Ambiente.

Asimismo, el dictamen establece supuestos bajo los cuales la cremación sería obligatoria o prohibida.