Un problema de difícil solución

Enrique Pedicone y Daniel Leiva no son dos equipos de fútbol, ni el conflicto que los involucra puede ser equiparado a un superclásico. Si lo fuesen, bastaría con poner a los jugadores en la cancha para resolver el contencioso, aunque es verdad que de un tiempo a esta parte hasta la pelota dejó de ofrecer veredictos insospechados de manipulación. El deporte nacional desde luego no puede sustraerse a los estragos que en todos los ámbitos genera la corrupción. No viene al caso departir sobre las cuitas de la Asociación de Fútbol Argentino, pero sí advertir un rasgo de infantilismo de potrero que se ha colado en el debate de la denuncia penal explosiva que interpuso Pedicone y que implica a la institucionalidad entera. Esta lectura simplista de los hechos pretende que el asunto termina con el cierre rápido de la causa o su proverbial cajoneo en los Tribunales, y u o la destitución por goleada del juez denunciante en una especie de aplicación del refrán que prescribe que muerto el perro, se acabó la rabia.

Aquella posición maniquea y henchida de fanatismo faccioso desconoce que el poderío de un tribunal, incluso de uno político, depende de su reputación y prestigio. Es precisamente lo que está en juego. Si la Legislatura -impulsada por la fuerza arrolladora de su mayoría oficialista- ya prejuzgó contra Pedicone, como sostienen Marcelo Billone y Carlos Casal, presidente y vicepresidente del Colegio de Abogados, ¿qué credibilidad tendría que los legisladores decidiesen echarlo? Más aún si la “causal” de mal desempeño esgrimida -“alentar la inseguridad en la provincia”, en la versión coloquial- abarcaría al conjunto del sistema judicial penal, incluidos los propios integrantes de la Corte, en la medida en que fallaron a favor de liberar presos. Sin ir más lejos, ¿acaso Alberto Lebbos no consideró en julio de 2019 un “escándalo” que el propio Leiva, y sus pares Daniel Posse y Claudia Sbdar otorgaran la libertad a Eduardo Di Lella, el ex funcionario público alperovichista condenado a seis años de prisión por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos? Di Lella no era un mero encarcelado preventivamente, sino un imputado con sentencia en trámite de revisión.

Perseguir a un juez por controlar las condiciones de encarcelamiento es como perseguir a un obrero por levantar una pared y, como se dijo, entrar en ese berenjenal equivale a disparar erga omnes en los Tribunales. Con ese criterio, deberían caer la judicatura penal completa -incluidos Leiva y Pedicone-, y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa hasta sus titulares Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila. Preferiblemente antes de acometer esa faena, el poder político de “Trucumán” tendría que reformar su propia Carta Magna para eliminar la rama judicial, y de facto concretar la separación de la Nación que intentó Bernabé Aráoz hace exactos 200 años a los fines de cancelar la vigencia de la presunción de inocencia prevista en la Constitución Argentina y en los pactos internacionales de derechos humanos.

Lo más chistoso es que la anterior composición legislativa al mando del vicegobernador Osvaldo Jaldo sancionó en 2016 un Código Procesal Penal en vigor en todo el territorio desde el 1 de septiembre que estableció ¡15 alternativas! a la prisión preventiva para que la privación de la libertad -junto a la igualdad, valores sagrados de la democracia- sea la última de las opciones hasta que haya una condena. La contradicción que ha generado la Legislatura comienza a atribular a los jueces que se creían ajenos a la suerte de Pedicone. Este viernes justamente en una capacitación organizada por la Asociación de Magistrados de Tucumán, preguntaron al jurista de referencia del espacio kirchnerista, Eugenio Zaffaroni, qué hacer frente a los ataques que desencadena el poder político por aplicar las reglas locales e internacionales vigentes. “Hay que aguantar”, recomendó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un consejo menor. Recuérdese que el kirchnerismo hizo toda una bandera de la crítica a las prisiones preventivas dictadas por la Justicia durante el macrismo. ¿Cómo le caería al presidente Alberto Fernández, que denunció los abusos cometidos con las detenciones hasta el hartazgo, enterarse de que una de sus jurisdicciones aliadas estigmatiza a quienes comparten su postura?

La tesitura del gobernador Juan Manzur de que la denuncia debe dirimirse de manera exclusiva en el plano tribunalicio abre otra serie de complejidades. La primera es que esta acusación, más allá de la persona a quien está dirigida, pone en tela de juicio la capacidad de los Tribunales de actuar con independencia cuando de los asuntos del poder se trata. La segunda es que nunca ha podido el Código Procesal Penal de 1991 -que los fiscales Daniel Marranzino y Mariana Rivadeneira decidieron implementar en este caso- producir el juzgamiento de un funcionario con fueros. Tanto es así que algunos hasta se burlan del legislador oficialista Jorge Yapura Astorga, que es el que está más cerca de sentarse ante un tribunal. Dice un príncipe del foro que una sentencia favorable a Leiva sin las máximas garantías de publicidad y de transparencia, y el mayor rigor investigativo no haría sino fortalecer la hipótesis de destrucción del Estado de derecho que pregona Pedicone.

¿Cómo se sale de este atolladero de descrédito generalizado que involucra a las propias reglas de juego institucionales? ¿Cómo soslayar que este affaire no se acaba de prepo ni con la receta del olvido, si cada día escala y quema un poco más en un escenario de pandemia; recesión-inflación; impunidad y violencia ascendente? Los enceguecidos por la lógica “Boca-River” ignoran la lección histórica derivada de la experiencia anárquica de Aráoz, que muestra cómo la imposición de la fuerza por sobre la razón y la justicia terminó por hundir al caudillo. El problema de difícil solución es que la propia autoridad estatal aparece deslegitimada y que ese escenario siempre ha sido el preludio para dar rienda suelta al desgobierno.