Los blindajes limítrofes generan controversias inéditas en el país

Viajar entre una provincia y otra se ha convertido en una misión enrevesada en este 2020 pandémico. Las restricciones sobre la circulación de personas, dispuestas en marzo para contener el avance del coronavirus, cumplirán seis meses el 20 de este mes. Durante ese tiempo, las autoridades de las provincias han reforzado los controles para ingresar a sus territorios con el afán de contener la crisis epidemiológica. Así, aunque técnicamente dentro del país hay límites, se ha extendido el término “fronteras internas” ante el nivel de vigilancia en los 24 distritos.

Las razones sanitarias que justifican esas medidas han sido expuestas en numerosas ocasiones por los gobernantes provinciales. En Tucumán, por ejemplo, la Legislatura aprobó en julio el “blindaje limítrofe” para evitar más casos importados de covid-19. El razonamiento central fue que el cerrojo era necesario para continuar con las flexibilizaciones en curso durante la “fase 5”.

Por aquel entonces, la provincia contaba menos de 90 positivos y no tenía circulación viral comunitaria. Aunque el escenario hoy es el opuesto, todo indica que la medida -vence la semana que viene- será prorrogada a pedido de Salud por 60 días más.

El panorama nacional

En toda la Argentina, millares de comunidades han convivido siempre entre sí casi sin percatarse de que un límite provincial las atravesaba. Por motivos comerciales o afectivos, el tránsito de personas entre un lugar y otro ha construido la cotidianidad de sus habitantes. De repente, la pandemia y sus consecuentes restricciones alteraron todo.

Desde la instalación de zanjas en los límites -como las que cavó el gobierno de San Luis- hasta la exigencia de un sinfín de requisitos en las rutas de acceso, las autoridades provinciales han buscado “proteger” sus jurisdicciones hasta las últimas consecuencias. Si bien en algunas latitudes hubo “éxitos” sanitarios, los bloqueos causaron varias polémicas de gran magnitud.

Uno de los casos más resonantes fue el de Solange Muse, la joven que falleció en Córdoba sin poder despedirse de su padre, a quien esa provincia le denegó el acceso tras viajar desde Neuquén. Las historias del tipo se repiten en todo el país y se suman a los reclamos de numerosos productores que aseguran que no pueden movilizarse.

“Viajar a Chile debe ser más fácil que ir a Santiago del Estero desde Tucumán. Nunca en décadas vivimos algo así; hace 30 días no puedo ir a mi propiedad”, compara y se queja Roberto Palomo. Él es vicepresidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), entidad que ha reclamado a los gobiernos de la región que unifiquen las políticas de tránsito para el sector rural.

El 6 de julio, de hecho, presentaron un amparo colectivo contra la administración de Gerardo Zamora. El argumento es que las restricciones de ingreso en los accesos santiagueños vulneran numerosos derechos constitucionales. La Justicia aún no emitió un fallo al respecto.

Qué dicen los expertos

El abogado constitucionalista Rodolfo Burgos considera que la pandemia ha generado un estado de emergencia “que está por fuera de los cauces de la Constitcución”. Según su análisis, los decretos de necesidad y urgencia que dictó Alberto Fernández en marzo para ordenar la cuarentena fueron “quizás los más justificados de la historia”. “Era una emergencia real. Ahora bien, cuando ya ha pasado tanto tiempo e incluso funciona el Congreso, una limitación tan intensa de derechos sustanciales por parte de los Estados provinciales ya es un desbarajuste”, opina el docente universitario.

El recrudecimiento de los “blindajes limítrofes” le preocupa. “Las provincias están absolutamente integradas; es muy difícil seguir dificultando el tránsito de personas y bienes”, examina Burgos. Y agrega: “no hay recuerdos de situaciones así en nuestra historia constitucional. Se fue perdiendo la proporcionalidad entre las restricciones y su razonabilidad. Lo más grave es que no se determine la transitoriedad de las medidas”.

El constitucionalista advierte que “salirse de los cauces” de la Carta Magna siempre ocasiona problemas. “Esto no es una reivindicación del federalismo; es un desorden a la hora regular los derechos en el país”, arguye.

La historiadora María Celia Bravo, por su parte, dice que las restricciones sanitarias dispuestas por las provincias se basan en una delegación de potestades “necesaria por la excepcionalidad de la situación”. “Hubiese sido muy difícil tener una política (sanitaria) unificada para un territorio tan amplio”, observa. A su vez, pide no extrapolar la coyuntura actual hacia otros escenarios históricos. “En el siglo XIX cada provincia establecía barreras arancelarias y se impedía la unidad nacional. Si bien hoy no hay tránsito fluido de personas, los camiones, por ejemplo, pueden circular libremente”, coteja.

Juan José Villalón, historiador y politólogo, coincide en que vivimos una etapa de excepcionalidades y en que no es correcto trasladar esta pandemia al pasado. Luego, al referirse a los bloqueos limítrofes, diferencia entre decisiones políticas y la conducta social. “Las relaciones entre las provincias son fluidas; se necesitan entre sí. No aguantarán mucho tiempo más de cierre”, analiza. Y cierra: “por necesidad, los gobernadores siguen lo que diga el Presidente. El sistema es así.”.