La Justicia debe resolver unas 40.000 causas en tres años para ponerse al día

La Justicia debe resolver unas 40.000 causas en tres años para ponerse al día

Hay más de 360 causas de homicidios y 900 de abusos sexuales que tienen que ser llevadas a juicio oral.

ARDUA TAREA. A partir de la próxima semana, los operadores judiciales comenzarán a analizar todos los expedientes que están pendientes. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo) ARDUA TAREA. A partir de la próxima semana, los operadores judiciales comenzarán a analizar todos los expedientes que están pendientes. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso (archivo)

Régimen conclusional es un nombre rimbombante que dará que hablar durante bastante tiempo. Esa es la designación que le dio la Justicia al proceso para ponerse al día con la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Es el sistema que eligió el Poder Judicial para cerrar todos los expedientes que no fueron resueltos desde 1991 y que se abrirán hasta el 31 de agosto, ya que al día siguiente se pondrá en marcha el nuevo digesto. En total, son más de 40.000 las causas que deben resolverse en tres años, es decir, más de 13.000 cada 12 meses.

Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público Fiscal (MPF) mantienen los números finos en secreto. Sin embargo varias fuentes coincidieron en señalar que las oficinas que dependen del máximo tribunal de la provincia tendrían unas 16.000, en tanto que en las fiscalías quedarían unas 24.000 aproximadamente, ya que se suman las de los centros judiciales de Tucumán y de Monteros.


Mora judicial

Los números que trascendieron servirían para entender por qué la Justicia es considerada lenta o, al menos, no se mueve a la velocidad que pretende la sociedad. Están en condiciones para que se realicen los juicios de más de 8.400 casos. De ese número, más de 360 son causas de homicidios, casi 900 de abusos sexuales y las más de 7.000 restantes, de diferentes delitos, aunque la mayoría de ellos son robos.

La mora judicial también se puede apreciar en la cantidad de detenidos que llegarán esposados al debate. Son 220 personas privadas de su libertad, es decir, ni el 25% de los que deben afrontar ante un tribunal cargos graves como haber cometido crímenes y ataques sexuales. Vale la pena aclarar que las leyes indican que un acusado no puede estar privado de su libertad más de dos años sin afrontar un tribunal.


Estrategia

Para llegar a cerrar ese gran volumen de causas, en la Justicia decidieron formar una estructura que seguirá trabajando con el viejo Código hasta que queden cerradas, mientras que el resto de los operadores judiciales comenzarán a utilizar el nuevo digesto.

Se designaron fiscales, jueces de instrucción, camaristas para atender estos asuntos (ver aparte la nómina completa). Pero por la gran cantidad de casos que deben atender, tuvieron que reacomodar las piezas. La Corte, por ejemplo, agregó a un tercer tribunal a los dos que había pensado destinar a esta tarea.

El MPF, por el volumen de causas a investigar, decidió darles a los fiscales Adriana Reinoso Cuello y Claudio Bonari exclusividad para que concluyan las investigaciones de las oficinas de Robos y Hurtos y Violencia de Género y Criminal, respectivamente.

También se implementó un plan de trabajo para avanzar con los expedientes. Son considerados críticos aquellos como homicidios, atentados contra la integridad sexual y robos agravados (los que fueron cometidos por bandas o con armas de fuego). La prioridad también la tendrán las causas con detenidos que, sólo en el MPF, llegan a ser 700. Se estima que en total podrían ser unas 8.000 las que cumplan con este requisito.


Medidas alternativas

Entonces a la Justicia le quedarían en su poder unas 24.000 causas para resolver. Los operadores judiciales estiman que unas 12.000 fueron archivadas en los últimos tiempos o terminaron prescribiéndose por el paso del tiempo. “Habrá que hacer un exhaustivo análisis para determinar qué hacer con ellas. Ese será un trabajo fundamental porque nos servirá para saber realmente dónde estamos parados. Por Ley, tenemos un plazo de tres años para resolver estos conflictos, pero como ocurrió en otras provincias, es muy probable que se deba pedir una prórroga”, comentó un camarista.

Las tres salas conclusionales ya tienen agendado que deben realizar, en promedio, unos 2.800 juicios. Para poder cumplir con esa meta, según las matemáticas, deberían dictar dos sentencias por día (sin tener en cuenta feriados y sábados y domingos). Pero a ese número se le deben agregar las causas que están en instrucción, en los juzgados y en la Cámara de Apelaciones. “Es imposible si no se dan ciertas condiciones y apelamos a otras herramientas”, agregó una fuente de la Corte.

El máximo tribunal sugirió a sus magistrados un plan de acción: tratar de que llegue la menor cantidad de causas a las cámaras penales y para ello, los juzgados de instrucción y las fiscalías deberán buscar soluciones alternativas como juicios abreviados.


Juicios con un solo juez

También se les sugirió a los camaristas que insistan con esa vía para resolver la mayor cantidad de expedientes. Paralelamente, les pidió que contemplen la posibilidad de que en los casos en los que imputados puedan recibir una condena de hasta 10 años, sea sólo un camarista el que lleve adelante la acción. Pero en los casos de que las sentencias sean más duras, recomendaron que actúe el cuerpo entero.


Fiscales conclusionales
- Homicidios: Adriana Giannoni.
- Robos y Hurtos: Adriana Reinoso Cuello.
- Integridad sexual: María del Carmen Reuter.
- Violencia de Género: Reinoso Cuello.
- Delitos complejos: Mariana Rivadeneira.
- Criminal: Claudio Bonari.

Jueces de Instrucción
- Francisco Pisa.
- Raúl Cardozo.

Cámara de Apelaciones
- Los camaristas de las salas cumplirán esta función.
- Fiscal: Alejandro Noguera.

Cámaras Penales
- Sala I: Wendy Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre.
- Fiscala: Marta Jerez de Rivadeneira.
- Sala II: Alicia Freindenberg, Eduardo Romero Lascano y Stella Arce. Fiscala: Estela Giffoniello
- Sala III: Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli. Fiscal: Daniel Marranzino.

Comentarios