El trabajo informal, el primer escollo para cumplir el aislamiento

Trabajo informal, suba de precios, situaciones de desabastecimiento y la violencia de la Policía., Esos fueron los principales problemas relevados en barriadas y comunidades indígenas para poder cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la Nación. Las conclusiones se desprenden de las entrevistas realizadas por profesionales de la organización Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Ciencias Sociales (Andhes) hace un mes, para monitorear la cuarentena en distintas comunidades.

“Obviamente estamos a favor de las medidas sanitarias dispuestas pero la cuarentena no suspende derechos. Una medida así no va a ser vivida igual por todas las personas, sino que vendrá a profundizar las desigualdades estructurales, contó Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes.

El enfoque del cuestionario realizado fue analizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los resultados, de acuerdo al reporte muestran que estos derechos se ven seriamente afectados que están relacionados: el derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación y a la vivienda, entre otros.

“El Estado debe tomar medidas sociales y económicas que tiendan a asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia a todas las personas, así como condiciones de acceso a la alimentación. La gran mayoría de personas entrevistadas identificaron como la principal causa problemática que su grupo debe sus ingresos económicos al trabajo informal, abarcando el 35,29% del total. El 100% identificó el salir a trabajar para conseguir el sustento diario de la familia como la principal razón por la cual se incumple el aislamiento social preventivo y obligatorio”, se destaca en el reporte.

“Esto es interesante porque se habla de una crisis económica a nivel macro, pero todas las desigualdades estructurales se profundizarán con la pandemia porque no pueden sostener sus trabajos. El trabajo informal es un problema histórico que el Estado debe regular. Y el trabajo informal no deja de ser una vulneración a derechos”, interpretó Marchese. Y agregó: “otro dato interesante y que pone el foco sobre las empresas, es que el segundo problema es la suba de precios y el desabastecimiento de insumos y mercaderías clave, como alimentos y productos de limpieza, mencionado por el 26,47%”.

El tercer problema que se enuncia es la tarea de la Policía. “Apenas se dictó la medida en marzo entendimos que la pata represiva del Estado iba a estar en las calles con una presencia mayor. Ahora, cómo se hace para que policías hagan un uso racional de la fuerza y se ciña a derechos humanos. Estos son problemas con o sin pandemia, porque son habituales los casos de abusos policiales y hasta de gatillo fácil. La arbitrariedad con la que se mueve la Policía es la característica, dependiendo de la hora, la zona y el sujeto a aprehender. La fuerza tiene una especie de autonomía, por llamarlo de algún modo, con principios de actuación arbitrarios. Suele haber un vínculo violento, agresivo con la policía. Por eso Andhes habilitó un canal de denuncias ante la falta de espacios de denuncia provistos por el Estado para monitorear el desempeño de las fuerzas. Tuvimos muchas denuncias, informadas a fiscalías y a la Comité Nacional de Prevención de Tortura, inclusive un caso en Jujuy con una mujer trans violentada al ser detenida y víctima de violencia sexual”, expresó Marchese.

Otro de los problemas para llevar adelante el aislamiento abarca a las viviendas: en distintos barrios no hay casas en condiciones para permitir la permanencia de integrantes de las familias, por hacinamiento o falta de servicios públicos.