Por Gustavo Rodríguez
23 Marzo 2020
“No nos queda otra que endurecer las medias. El incumplimiento a la cuarentena sigue siendo muy elevada”, aseguró el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, después de haber leído el último reporte de la cantidad de aprehensiones. Entre las 20 de ayer y las 7 de hoy, la Policía aprehendió a unos 170 tucumanos más, por lo que ya son casi 850 los procesados por haber violado la cuarentena preventiva obligatoria.
Los últimos informes dan cuenta que las advertencias, primero, y las detenciones, después, no dieron resultados. El viernes, cuando entraron en vigencia en las disposiciones, se aprehendieron a 234 tucumanos; el sábado, a 188; ayer a 252 y en lo que va del día, a unos 170.
“Habíamos observado una importante disminución en el segundo día, pero al ver un nuevo incremento, no nos queda otra que endurecer los controles y las consecuencias que deben afrontar”, agregó Tomás Robert, funcionario del Ministerio Público Fiscal.
En el transcurso de la mañana, en las oficinas de Tribunales de avenida Sarmiento al 400, se desarrollará una nueva reunión. Con la presencia de los fiscales Mariana Rivadeneira y Carlos Picón, que dirigen la oficina que atienden las causas, y el jefe de Policía Manuel Bernachi, analizarán los pasos a seguir.
“Una de las alternativas que se están manejando es quitarles a las personas los medios que utilizan para movilizarse sin justificativos. Estamos hablando de bicicletas, motos y autos. Estarán en calidad de depósito por un tiempo determinado. De alguna manera los tucumanos deben entender que no se puede circular por la calle”, explicó Robert.
El jefe de Policía dijo que de hecho ya se está realizando esta medida. “A un importante número de infractores se les secuestro las motocicletas porque no tenían la documentación pertinente. No estaría mal endurecer las consecuencias porque no se puede creer el nivel de incumplimiento de los tucumanos”, señaló.
Las aprehensiones concretadas durante los últimos tres días colapsaron el sistema. Tanto es así que el Gobierno decidió abrir las puertas del complejo Belgrano para alojar a los arrestados, ya que en las dependencias policiales elegidas para tal fin se quedaron sin espacio.
Los acusados permanecen aprehendidos hasta que los policías terminen de abrir las causas judiciales, trámite que puede durar entre 24 horas y 48. Permanecen parados y vigilados hasta que se les toma declaración y se les pintan los dedos.
No quedan privados de su libertad, pero deben afrontar un proceso judicial que no les permitirá obtener el certificado de buena conducta (documento elemental para solicitar la licencia de conducir o conseguir trabajo) y no podrán abandonar la provincia sin autorización judicial. Pueden recibir una pena de seis meses a 2 años. Además, se tendrá en cuenta este antecedente ante una eventual reiteración de esta conducta u otro delito, lo que significaría complicar su situación ante la Justicia o recibir una pena más dura si es que llegara a ser condenado.
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