Fuerte reclamo por la ley de Biocombustibles

La prórroga de la ley de Biocombustibles irrumpió en la escena política y económica, no solo de la provincia sino que ya arribó a la esfera nacional. La Legislatura sancionó el jueves una iniciativa que insta a diputados y a senadores nacionales por Tucumán para que promuevan acciones tendientes a defender “las economías regionales”, particularmente la norma que establece el corte del bioetanol, se produce en parte con caña de azúcar y que vence el año que viene, antes del inicio de la zafra 2021. La postura legislativa refuerza un planteo que habían formulado, distintas entidades intermedias provinciales, al ex presidente Mauricio Macri, cuando se le recordó la promesa incumplida de sostener la Ley 26.093. A principios de mes, referentes de la denominada Liga Bioenergética, se reunieron con el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, que les propuso conformar una mesa de trabajo para “estudiar de manera conjunta distintas alternativas para salir de esta crisis que están transitando”.

“Se trata de un 30% del total de la producción de caña de azúcar en la provincia se destina a la industria del bioetanol”, indicó Marcelo Fernández, presidente de Cañeros Unidos del Este (CUE). El dirigente buscó con ese número resaltar la importancia que tiene el producto para la provincia, y que la ley promueve. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán y propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA, Jorge Rocchia Ferro adelantó que la estrategia debe ir orientada más hacia el Poder Ejecutivo que hacia el Congreso nacional. “El pedido de la Legislatura es un simple recordatorio de lo que el presidente (Alberto Fernández) le ha prometido al norte del país. En el mismo sentido se expresó el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos). “Es preferible hablar con el Ejecutivo, sobre todo las áreas responsables de Energía y a partir de ahí generar el mejor proyecto posible que tenga el consenso de todos”, indicó.

Las iniciativas

Tanto en la Cámara Alta como en Diputados hay proyectos para la prórroga. “Presenté uno el año pasado, que comenzó a tratarse en comisión. En cuanto el período ordinario de sesiones comience, voy a encargarme de que su tratamiento avance”, precisó la senadora radical Silvia Elías de Pérez. Su propuesta prevé que la ley, tal cual está, se extienda por 30 años más. Cuenta con el apoyo de 16 miembros de su bloque.

También desde Cambiemos, pero en Diputados, existe otra propuesta. Es la que formuló José Cano en junio de 2019. Establece que el Gobierno nacional extienda la normativa sobre el corte del bioetanol hasta 2025. El proyecto aun no ha perdido estado parlamentario.

“En 2018 junto al senador (José) Alperovich presentamos un proyecto para que (la ley de biocombustibles) sea prorrogada por 15 años, y de esa manera darles mayor previsibilidad a los industriales del sector. Vamos a tener que representarlo”, consignó por su parte la senadora Beatriz Mirkin. Explicó que no solamente recae sobre el plazo de vigencia de la ley, sino que busca subir progresivamente le corte del bioetanol en las naftas hasta un 15%. Ese tema también fue nombrado durante el debate en la Legislatura provincial. Por ejemplo, Julio Silman, dentro de su discurso, indicó: “hay que pensar en nueva ley que prevea el aumento progresivo del corte de 15% o 18%. ¿Está nuestra industria en condiciones de afrontarlo? Brasil está en 27,5%”, esgrimió.

Fuerte impacto

Otra entidad agropecuaria que se manifestó sobre el tema fue la Sociedad Rural de Tucumán (SRT). Mediante un comunicado, arrojó algunos números sobre la cuestión: “La economía del sector sucroalcoholero de Tucumán y la región se encuentra en una situación delicada, siendo que dicha actividad incide directa o indirectamente en un 75% de la economía de la Provincia. Actualmente, entre 35.000 y 40.000 empleados dependen de ella y son casi 285.000 las hectáreas que se ven involucradas año a año”. Al respecto, Rocchia Ferro fue contundente: “sin esta ley, el sector queda a merced de capitales muy grandes con los que no se puede tener poder de negociación, con lo que el precio del azúcar se desplomaría y alrededor de 30.000 personas quedarían sin trabajo”. A su vez, el titular de la SRT, Sebastián Murga, sostuvo que no se trata únicamente de una normativa aislada, sino que el Gobierno no tiene un plan económico definido y, a su manera de ver, eso genera una incertidumbre en los distintos sectores de la economía.

Con este panorama, se plantean dos caminos para que la norma extienda su vigencia más allá de 2021. Por un lado, según recordó Marcelo Fernández, que el Presidente cumpla la promesa realizada, en campaña, el año pasado durante una cena en el hotel Sheraton. La otra opción es que el Congreso sancione una nueva ley, que debería incluir un aumento en el corte del bioetanol.