Dos ex integrantes del Ersept cobrarán $1 millón cada uno por vacaciones no gozadas

Sergio Sánchez y Joaquín Ferre completaron los trámites requeridos por el Tribunal de Cuentas.

22 Ene 2020
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Sergio Sánchez y Joaquín Ferre. ARCHIVO LA GACETA

Luego de completar los trámites requeridos por el Tribunal de Cuentas (TC), dos ex integrantes del directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) obtendrán la liquidación de sus respectivas vacaciones no gozadas. Según los datos oficiales, cada uno cobrará cerca de $1 millón.

El 27 de diciembre pasado, a través de la resolución 317/19 del Ersept, la Gerencia de Administración del organismo había aprobado el desembolso correspondiente a las licencias anuales ordinarias no utilizadas en 2017, 2018 y 2019 por Sergio Gustavo Sánchez, ex director del Ente Regulador.

En principio, el departamento de Contadores Fiscales del Tribunal de Cuentas había solicitado una serie de documentación para avanzar con el proceso administrativo, como el “recibo de sueldo de octubre debidamente autenticado” a nombre de Sánchez, las resoluciones en las que constara la suspensión de las licencias en los años consignados y copias de la normativa aplicada para calcular el monto requerido por el ingeniero.

“Procedí a revisar minuciosamente la documentación enviada por el Ente (Regulador), obteniendo como conclusión que la liquidación de las vacaciones del ingeniero Sergio Sánchez es correcta y alcanza la suma de $1.031.147,85”, señalaron los profesionales del TC en el informe contable.

Sobre la base de estos elementos, Marcelo Vidal, vocal a cargo de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, dictó el lunes el acuerdo 142, mediante el cual aprobó sin “formular oposición” el pago a favor del ex director.

En paralelo, el ex vocal del Ersept, Joaquín Miguel Ferre, había requerido el desembolso correspondiente por sus días de licencia anual no utilizados, también en 2017, 2018 y 2019. Los contadores fiscales corroboraron que “los cálculos numéricos son matemáticamente correctos”, y señalaron que “la totalidad de la documentación respaldatoria de la liquidación final” había sido remitida por el Ersept. Así, a través del acuerdo 141, también firmado el lunes por Vidal, se avaló el trámite para “el pago de $1.173.539,96”.

Sánchez y Ferre finalizaron su gestión en el Ente Regulador de Servicios Públicos en noviembre pasado, cuando -a propuesta del gobernador, Juan Luis Manzur- la Legislatura aprobó los pliegos del actual director, Santiago Yanotti (era vocal en la gestión anterior), y de los ex legisladores Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo.

En principio, y aunque continuó formando parte del órgano de control, Yanotti había requerido la liquidación de $630.000 por vacaciones no tomadas en 2017, 2018 y 2019, y el expediente estaba siendo sometido a control preventivo por el Tribunal de Cuentas.

El abogado, sin embargo, cambió de parecer. “Visto la situación de extrema fragilidad económica por la que atraviesa el país, y las consecuencias sociales que surgieron como producto de la última gestión del Gobierno nacional, y considerando la oportunidad de aunar esfuerzos con todos los argentinos hasta lograr una mejora en la situación socioeconómica de todos, y especialmente del sector más vulnerable, vengo a desistir del pedido de liquidación final, oportunamente realizado”, señaló el titular del Ersept en una nota al área de Administración de esa repartición, el pasado 8 de enero.

Las vacaciones del personal estatal están reguladas por ley 5.473, de 1983 (Estatuto del Empleado Público de la Provincia). Allí, en un capítulo específico, se aclara que “únicamente en caso de cese de funciones, el agente tendrá derecho a que se retribuya la parte proporcional devengada”.

En abril de 2016, LA GACETA había publicado una nota referida a 17 funcionarios que habían formado parte de la gestión del ex gobernador, José Alperovich, que reclamaban un monto global de $5,4 millones por vacaciones no tomadas en 2013, 2014 y 2015. A partir de ello, el actual mandatario, Manzur, dictó el decreto 1231/1 (2016), según el cual los funcionarios “políticos” cuentan con 15 días hábiles de licencia anual, no acumulables para ejercicios posteriores.

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