La pérdida del sentido institucional

Días atrás, algo más de un centenar de supuestos estudiantes irrumpieron con violencia en el recinto donde se pretendía llevar a cabo el acto de designación del futuro rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, impidiendo su realización, a la vez que agredían mediante hechos e insultos a autoridades e invitados. La secuela más llamativa de esa situación fue que ninguna autoridad intervino, no ya con el fin de asegurar el acto, sino para preservar la integridad de las personas allí reunidas. El hecho tal vez no sea, como tal, de magnitud tan excepcional como otros, cuya gravedad desde el punto de vista de la seguridad de personas y bienes provocan situaciones de emergencia con elevado costo social y económico, que agrava las consecuencias de la crisis.
Tampoco tales circunstancias son en sí mismas, como graves irregularidades y delitos, acontecimientos tan inquietantes en la vida cotidiana de los argentinos, como la reiterada impunidad que, de hecho, los habilita.
No es la primera vez, por cierto, que el país atraviesa una crisis que desarticula temporalmente su economía y las relaciones sociales, mas el prolongado desarrollo en el tiempo hace de la presente la más extensa de que tengan memoria sus últimas generaciones. Primero la recesión y por último una depresión que, lejos de nuestras fronteras, se observa con sorpresa y desconcierto, han asumido finalmente características propias de una degradación institucional donde los poderes públicos, a cargo de sucesivos gobiernos, llegaron a ser los causantes fundamentales.
Tanto es así que la actual administración -no la única, en verdad- no consigue frecuentemente desempeñarse con decisiones que no impliquen un desconocimiento de legítimos derechos individuales y colectivos. Fruto de esa realidad política y administrativa es la legítima autodefensa que grupos sociales ejercen -en muchas ocasiones sin reparar en la desproporción entre el fin y los medios-, como también las inquietantes acciones violentas estimuladas por la impunidad que provoca esa degradación del sistema institucional.
La violación de la propiedad privada y de los contratos ha sido, sin duda, el acto formal más agresivo contra los derechos esenciales, agravado por una serie de errores económicos y financieros que está impidiendo ahora el retorno a la seguridad jurídica, con todas las consecuencias a la vista.
Pero ese hecho, desde el punto de vista institucional y político, pese a lo que representa, no es tan grave como la confusión conceptual de valores con que la autoridad administrativa se maneja. Ejemplo de ello es, entre otros, el mantenimiento del recorte de jubilaciones y pensiones, para atender el crónico déficit fiscal que sirve a la burocracia pasiva de los ñoquis en el Poder Ejecutivo y el Congreso.
Más que medirse en cifras presupuestarias, elevadas por cierto, ese daño debe dimensionarse como factor de pérdida de confianza en el Estado, al que la sociedad observa como enemigo de sus intereses, antes que al poder público administrado con transparencia y espíritu de servicio por sus representantes.