16 Diciembre 2019
BAJO LA LUPA. La Justicia decidió apresar a los ediles después de que en 2016 gastaran U$S 1.75 millones CAPTURA DE MAPS
La Justicia brasileña ordenó la prisión de 20 de los 27 concejales de la ciudad de Uberlandia, acusados de haber desviado fondos públicos de la Cámara Municipal a través de contratos, informó hoy la estatal Agencia Brasil.
La decisión judicial profundiza una tomada en octubre último, cuando ordenó detener a los primeros tres de los ediles por presuntos desvíos de partidas presupuestarias a través de contratos irregulares con empresas de seguridad, limpieza y de una gráfica, entre otros servicios.
Entres los detenidos hoy figura el presidente de Partido de la Social Democrcia Brasileña (PSDB), Hélio Ferraz, y concejal de Uberlandia es una ciudad del estado de Minas Gerais, en el sureste del país).
Ferraz es investigado por presuntamente participar en una trama corrupta que desviaba recursos públicos utilizados por los ediles en sus actividades profesionales, según la información que reproducen EFE y Télam.
Los fiscales igualmente investigan presuntos fraudes por parte de los concejales, elegidos en las elecciones municipales de 2016, a la hora de contratar empresas que ofrecían diversos servicios a la cámara municipal.
Durante el operativo la policía decomisó varios documentos y computadoras utilizadas tanto por los representantes políticos, como por sus asesores.
En total, la Justicia de Minas Gerais emitió 40 órdenes de prisión y otras 42 de registro y allanamiento contra políticos, funcionarios de la Cámara Municipal y trabajadores externos.
El pasado octubre, la operación "The Godfather", como fue bautizada, ya había arrestado a tres de los concejales sospechosos: Alexandre Nogueira, Wilson Pinheiro y Juliano Modesto, contra los que se volvió a emitir una nueva orden de prisión.
Esos tres políticos ya estaban alejados de sus funciones públicas desde entonces.
En aquella ocasión, la Fiscalía apuntó que la contratación de una cooperativa local de transportes generó un desvío de más de 7 millones de reales (unos 1,75 millones de dólares) solo en 2016.
Asimismo, señaló que los investigados integraban una "organización criminal" que, según la acusación, habría dominado el servicio público de transporte de la ciudad entre 2007 y 2018.
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